Un grupo de migrantes venezolanos presos en Curazao realizaron una huelga de hambre, como medida de presión para exigir su traslado a celdas con condiciones adecuadas. Además del cese de las violaciones a los derechos humanos y la reubicación de ocho venezolanas detenidas.
Defensoras de los derechos humanos en la isla informaron que hay 16 venezolanos en la cárcel Barak Di Ilegal. La mitad de los detenidos son mujeres, quienes presuntamente son víctimas de maltrato por parte de funcionarios de Migración.
La huelga de hambre, que inició en el pabellón de los hombres, se prolongó por cuatro días. Dos presos se encontraban enfermos, uno de ellos con problemas cardíacos.
Con la protesta, buscaban captar la atención del gobierno del primer ministro Gilmar Pisas, reseñó el medio Crónicas del Caribe.
Los migrantes recibieron ayuda de la ONG Human Rights Defense Curacao (HRDC), la cual denunció las restricciones contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la isla.
“La privación de la libertad de los extranjeros es el último remedio para las personas que buscan protección”, declaró Ieteke Inchi Witteveen, directora de HRDC.
Deportados
El sábado 21 de mayo deportaron a seis venezolanos, entre ellos cinco hombres y una mujer, el vuelo realizó una escala en Panamá.
“Nos han tratado bien, todo está bien, no podemos tomar fotos y dar más detalles”, indicó uno de los expulsados a Crónicas del Caribe.
Las autoridades de la isla no han informado sobre la cantidad de venezolanos deportados.
Uno de los expulsados es un hombre de 38 años de edad, natural de Coro, capital del estado Falcón.
Hidalgo quedó detenido el pasado 12 de mayo, mientras trabajaba en una obra de construcción en Willemstad.
Como muchos otros venezolanos, ingresó a la isla vía marítima y sin pasaporte en enero de 2019. Es padre de una niña y vivía con una ciudadana curazoleña, quien logró pagar el viaje de regreso a Venezuela por una suma de 1.350 dólares.
“Yo ando muy mal, lloro todos los días, él se fue de Venezuela para sacar a su familia adelante, yo intenté dialogar con las autoridades para que no se fuera”, dijo Mary Bernardina, compañera del venezolano.
Bernadina aseguró que propuso a las autoridades en materia de migración pagar una garantía para evitar la deportación de su pareja. Pero lamentó que lo “único que le importa a la policía es deportar a los venezolanos que ingresaron en lancha”.
“Migración se burla y te dice que Barak no es un hotel, que ellos solo necesitan un ticket para enviarlos de regreso a Venezuela”, contó.
Hidalgo tiene cálculos en los riñones y debe tomar diariamente su tratamiento para evitar mayores complicaciones. Aún así, los agentes policiales en Barak Di Ilegal le prohibieron acceder a sus medicamentos.
“Yo fui a entregarle su medicina y artículos de higiene, pero los funcionarios de Migración me informaron que no me iban a recibir nada. Intenté hablar con el jefe de Migración pero nunca me llamaron”, narra Bernardina.
Los vuelos humanitarios siguen suspendidos desde diciembre de 2021. Casi 300 venezolanos que residían en Curazao fueron afectados por el aplazamiento, cuando esperaban celebrar las navidades con sus familias.
Algunos regresaron por República Dominicana y Panamá, a pesar de los costos. Se necesitan más de mil dólares americanos para cubrir el regreso.
Con información de Crónicas del Caribe.
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