2001.com.ve | Reuters
En abril de 2008, el entonces presidente Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen.
Según un reportaje de Reuters, la misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana. Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.
En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.
"Lo que vimos en China cambió todo", dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana. Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela. "Ellos buscaban tener el control de los ciudadanos", agregó.
Al año siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de "traidor", aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.
Portavoces del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.
El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como "carnet de la patria".
La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir.
Y ZTE, cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en el corazón del programa.
Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la "seguridad nacional", Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados por Reuters.
Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.
El carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.
"Es un chantaje", dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y exministro de Chávez, sobre el programa del carnet de la patria. "Los venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que no lo tienen", agregó.
En una entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE, confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y que está desarrollando la aplicación de pago móvil.
La compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de tarjetas.
"No apoyamos al gobierno", dijo. "Solo estamos desarrollando nuestro mercado".
Un derrumbe de la economía en Venezuela está provocando hiperinflación, escasez generalizada de alimentos y medicamentos y un éxodo creciente de ciudadanos desesperados. El presidente Maduro, el sucesor de Chávez, ha sido sancionado por Estados Unidos y es criticado por gobiernos desde Francia a Canadá por ser cada vez más autocrático.
Pero Maduro tiene un aliado. La tarjeta también muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.
La base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla de datos de usuarios revisados por Reuters, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.
La divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de 2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a "fortalecer" la base de datos.
El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Nadia Pérez, portavoz de CANTV, la firma estatal de telecomunicaciones, declinó hacer comentarios y Manuel Fernández, el presidente de la compañía, no respondió a correos electrónicos ni a mensajes de texto de Reuters. El Ministerio de Justicia de China y su embajada en Caracas no respondieron a los pedidos de comentarios.
Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.
ZTE se ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos como autoritarios.
La compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.
La acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.
Expertos legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.
Fernández, el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Pero las prohibiciones hasta ahora buscan primordialmente frustrar los negocios con Maduro y otros altos funcionarios, no el comercio habitual en Venezuela.
Aún así, los legisladores estadounidenses y otros críticos del gobierno de Maduro están preocupados por el papel de ZTE en Venezuela. "China está en el negocio de exportar su autoritarismo", dijo a Reuters el senador estadounidense Marco Rubio, en un correo electrónico.
"La creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", agregó.
Para entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su desarrollo. También entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, como se conoce formalmente a la empresa.
Los entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que narró Daquin.
Lea el trabajo completo en Reuters
2018-11-14
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