La Secretaría Regional de Salud de Los Lagos (Chile) inició un proceso administrativo en contra de la Municipalidad de Ancud por el caso del médico venezolano acusado por el abuso sexual contra una paciente, luego de que se conociera que el mismo ejercía en un centro de sin haber rendido el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
De acuerdo con los reportes, el médico venezolano, de 36 años de edad, trabajaba en un centro de salud Cesfam, donde ocurrió el delito contra una joven de 20 años. El imputado no contaba con el requisito indispensable para ejercer la profesión en el sistema público de salud en Chile.
La secretaria regional de Salud, Karin Solís, explicó que el acusado tampoco contaba con una autorización vigente mediante resolución sanitaria, situación que se encuentra en proceso de revisión.
Médico venezolano ejercía sin permisos legales
En tal sentido, la autoridad señaló que se ordenará al municipio recopilar todos los antecedentes administrativos y legales del caso.
Solís agregó que, una vez recibida la información, se dará inicio a un sumario sanitario por el eventual incumplimiento de un reglamento esencial que acredita a los profesionales para ejercer funciones clínicas.
La funcionaria remarcó que estas exigencias buscan resguardar la calidad y seguridad de la atención a los usuarios del sistema de salud.
Por su parte, el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, informó que desde los primeros momentos en que se tomó conocimiento de la denuncia, el municipio activó los protocolos correspondientes y apartó al médico de sus funciones.
Atienden a la víctima de abuso
Se pudo conocer que el venezolano mantenía un contrato basado en honorarios, vigente hasta el 28 de febrero.
El jefe comunal detalló que funcionarios de la Corporación Municipal acompañaron a la víctima a Fiscalía, ante la policía y al Hospital de Ancud para la constatar las lesiones que sufrió, además de mantener contacto directo con la madre de la joven y con la jefatura de la empresa prestadora del servicio.
La autoridad recordó que el caso se encuentra judicializado y bajo investigación administrativa.
La alcaldía local brindó los resguardos necesarios para la víctima mientras avanza el procedimiento legal.
El acusado quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
Se decretó un plazo de investigación de 60 días a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ancud.
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