La ciudad de Miami, la segunda más grande de Florida, aprobó un cuestionable acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Dicho acuerdo delega en algunos agentes de la policía local la facultad de ejercer como agentes de inmigración, si bien de forma restringida y siempre bajo la supervisión de ICE.
La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó este martes, con una votación de 3 a 2, unirse al programa 287(g) de ICE.
Este acuerdo permite a algunos agentes locales y estatales, durante sus operativos, interrogar, arrestar y detener a individuos sospechosos de residencia ilegal, y les otorga acceso a la base de datos y al sistema de gestión de casos de ICE.
Cabe destacar que, según datos del Censo de Estados Unidos, más de la mitad de los habitantes de Miami son nacidos en el extranjero.
En un comunicado dirigido CNN, el comisionado de Miami, Damian Pardo, quien se opuso a la moción junto con la comisionada Christine King, explicó su voto. Afirmó que, dado su historial como "defensor de toda la vida de una vía legal para la ciudadanía estadounidense y partidario del TPS", no puede apoyar el programa 287(g).
“Independientemente de lo bien que este plan pueda ser implementado por las agencias locales de seguridad, y además de las consideraciones de derechos humanos, me preocupa mucho el clima hostil que estas políticas crean para los inmigrantes”, aseveró.
La colaboración de autoridades de Miami con el ICE ha encendido las alarmas entre los habitantes de la ciudad
El controvertido programa 287(g) ha provocado gran temor e incertidumbre entre los residentes de Florida.
Numerosos ciudadanos han acudido a los ayuntamientos para manifestar su inquietud, argumentando que esta iniciativa generará miedo, silenciará a las víctimas indocumentadas de delitos al disuadirlas de denunciar, expondrá a las ciudades a posibles demandas legales y desviará valiosos recursos de los departamentos de policía.
De hecho, la propuesta de colaboración con ICE generó una oposición considerable de los residentes, quienes expresaron sus puntos de vista a los comisionados durante varias horas.
El alcalde de South Miami, Javier Fernández, de profesión abogado, ha demandado al gobernador Ron DeSantis y a la fiscal general del estado.
Busca una sentencia declaratoria para determinar si los departamentos de policía locales están legalmente obligados a participar en programas migratorios, dado que no administran cárceles de condado.
“Creo, sin lugar a dudas, que las agencias policiales municipales locales (no creo) están obligadas a firmar [por] ley”, enfatizó.
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