El gobierno de Estados Unidos oficializó un cambio histórico en sus políticas de extranjería al recortar aproximadamente un 80% la tarifa requerida para que sus ciudadanos renuncien formalmente a la nacionalidad.
Tras años de intensas batallas jurídicas con organizaciones de expatriados, el Departamento de Estado publicó la norma final en el Federal Register, reduciendo el costo del trámite de $2,350 a solo $450.
Este ajuste arancelario representa una victoria significativa para miles de personas que residen fuera de la Unión Americana y que buscaban romper sus vínculos legales con el país sin enfrentar una barrera económica que muchos consideraban prohibitiva.
Fecha de entrada en vigor y contexto del cambio
La nueva tarifa de $450 entrará en vigor el próximo 13 de abril de 2026. Aunque esta reducción se había prometido desde 2023, su implementación se mantuvo en un limbo administrativo hasta ahora.
Con este movimiento, el costo del trámite regresa al nivel que tenía en 2010, año en el que el Departamento de Estado comenzó a cobrar por primera vez por este proceso.
Cabe recordar que en 2015 la tarifa sufrió un incremento drástico, saltando de los $450 a los $2,350. En aquel entonces, las autoridades justificaron el alza alegando la necesidad de cubrir los crecientes gastos operativos, ya que el número de solicitudes se disparó tras la implementación de nuevos y estrictos requisitos de declaración fiscal para expatriados, una medida que generó un profundo malestar en la comunidad estadounidense en el extranjero.
El papel de los "estadounidenses por accidente"
La presión legal fue liderada principalmente por la Association of Accidental Americans (Asociación de Estadounidenses por Accidente), con sede en Francia.
Este grupo representa a individuos que poseen la ciudadanía únicamente por haber nacido en territorio estadounidense, pero que han vivido la mayor parte de su vida en otros países y carecen de vínculos reales con la nación.
Para estos ciudadanos, mantener la nacionalidad implica una carga burocrática y fiscal desproporcionada. Fabien Lehagre, presidente de la asociación, calificó la medida como un triunfo tras seis años de litigios, defendiendo que el derecho a renunciar a la ciudadanía debe ser accesible para todos.
A pesar del recorte, la organización mantiene una demanda pendiente que sostiene que el trámite no debería tener ningún costo, argumentando su inconstitucionalidad.
Un proceso riguroso y definitivo
Renunciar a la ciudadanía estadounidense no es un trámite sencillo ni inmediato. El Departamento de Estado exige un proceso exhaustivo para asegurar que el solicitante comprende las consecuencias irreversibles de este acto:
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Declaraciones múltiples: El interesado debe confirmar su voluntad de manera escrita y verbal en repetidas ocasiones.
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Entrevista consular: Es obligatorio comparecer ante un funcionario diplomático para demostrar que la decisión es voluntaria.
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Juramento formal: El proceso culmina con un juramento de renuncia que debe ser revisado y aprobado por las autoridades centrales en Washington.
Según datos presentados ante los tribunales, desde que se anunció la intención de bajar el precio en 2023, al menos 8,755 estadounidenses optaron por no esperar y pagaron la tarifa completa de $2,350.
Aunque el Departamento de Estado no ha revelado la cifra total de renuncias anuales, la reducción del costo sugiere que la administración espera un flujo constante de solicitudes en los próximos meses.
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