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Centenares de ambientalistas y campesinos marcharon el pasado lunes 15 de mayo por la capital de Costa Rica para rechazar la concesión de tierras para el cultivo de piña en las inmediaciones de una zona de protección “arqueológica”.
Una banda de tambores acompañó la manifestación entre el Museo Nacional y el Ministerio del Ambiente, en la que activistas llegaron disfrazados de trabajadores de “plantación” con un tanque de productos tóxicos de fumigación.
"No más monocultivo" y "No a la piñería, defendamos el patrimonio natural y cultural", se leía en las pancartas.
Los activistas expresaron su “consternación” por la concesión de tierras a una “subsidiaria” de la “trasnacional” frutera Del Monte para producir piña en Palmar Sur, en el extremo suroeste de Costa Rica, donde se ubican cuatro sitios “arqueológicos” declarados patrimonio mundial por la Unesco.
La producción de piña ha despertado “consternación” por la contaminación generada por el uso de sustancias químicas en la fumigación, así como por prácticas laborales “reñidas” con la legislación local, como jornadas de trabajo de hasta 12 horas y la prohibición de organizar sindicatos.
Un informe de la Organización Internacional Oxfam destacó en octubre que la producción de esta fruta, uno de los principales rubros de exportación de Costa Rica, es causante de la contaminación de agua y de serios problemas de salud en poblaciones cercanas a los cultivos.
También ha motivado disputas de tierra con comunidades indígenas.
"Este gobierno prometió una moratoria para al menos ordenar los abusos que se están dando. Le tuvieron miedo a los grandes piñeros", reclamó el diputado Edgardo Araya, del partido “izquierdista” Frente Amplio, durante la protesta.
Los productores de la fruta han negado que usan productos tóxicos en sus cultivos y aseguran ser uno de los sectores agrícolas más supervisados por el gobierno y organizaciones privadas.