Miles de migrantes que transitan por Panamá, en su ruta hacia Estados Unidos, están varados por las protestas generalizadas en el país contra un polémico contrato minero. Los cortes de vías impiden los desplazamientos por carretera hacia la frontera norte con Costa Rica.
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) reclamó este miércoles en un comunicado la necesidad de crear un “corredor humanitario” para los “más de 8.000 migrantes” retenidos en Panamá.
Entre esos migrantes, más de 5.000 están en los centros de recepción migratoria del Gobierno panameño y en varios poblados de las proximidades de la selva del Darién.
Por allí pasan diariamente cientos de migrantes, quienes son víctimas a menudo de robos, violaciones, ataques de animales salvajes o subidas repentinas de ríos.
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Según datos de las autoridades panameñas, en lo que va de año, atravesaron la selva más de 435.000 personas. La cifra supera ampliamente el récord del año pasado de 248.000.
“Solicitamos que se habilite un corredor humanitario. Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito (los dos centros de recepción migratoria) se agravarán con el represamiento”, afirmó el jefe de la misión Panamá-Colombia de MSF, Luis Eguíluz.
Médicos Sin Fronteras proporcionó entre enero y septiembre en sus puestos de atención médica en Darién unas 47.000 consultas médicas y de enfermería; así como 2.100 consultas de salud mental, 13.500 curaciones y atendió 290 casos de violencia sexual. Esto subraya la gravedad del estado de los migrantes tras atravesar la selva.
Contrato minero en Panamá
El Gobierno panameño proporciona a los migrantes autobuses, que deben costearse ellos mismos, para hacer el recorrido directo desde Darién hasta un centro de atención migratorio en Costa Rica. Pero MSF advirtió que más de 3.000 migrantes “han visto interrumpido su paso en 50 autobuses” por los cortes de vías.
Panamá vive desde hace diez días protestas ininterrumpidas para reclamar la derogación de un contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals.
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Consideran que el acuerdo es dañino con el medioambiente y que afecta la soberanía del país; mientras el Gobierno defiende que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco, además de generar 9.300 empleos.
La ley se debate ahora en el Parlamento, donde podría ser derogada si avanza en dos debates más, después de haber superado el martes el primero de los tres necesarios, lo que podría poner fin a la crisis.
Con información de EFE.
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