Colorado busca marcar un hito histórico en la legislación estadounidense con la presentación del proyecto de ley Senate Bill 26-097, el cual propone la despenalización total del trabajo sexual consensuado entre adultos.
Esta iniciativa, impulsada por los senadores Nick Hinrichsen y Lisa Cutter, busca eliminar las sanciones penales tanto para quienes ofrecen servicios como para quienes los contratan en todo el territorio estatal.
A diferencia de los modelos vigentes en Maine o Nevada, donde la legalidad es parcial o limitada a zonas específicas, la propuesta de Colorado anularía cualquier ordenanza municipal restrictiva para garantizar un marco legal uniforme y seguro en la era digital.
¿De qué va la propuesta?
El núcleo de la propuesta sostiene que el fin del castigo penal es una herramienta importante para mejorar la salud pública y la seguridad ciudadana según detalla Noticias Colorado.
Los promotores argumentan que la criminalización actual genera un entorno de miedo que impide a las personas reportar agresiones o buscar asistencia médica tras sufrir actos de violencia.
Al despenalizar la actividad, se espera que el sistema judicial pueda redirigir sus recursos de manera más eficiente hacia el combate real contra la trata de personas y la explotación forzada.
Con esto se diferencia claramente el comercio sexual voluntario de los delitos de coerción y fraude que seguirán siendo perseguidos bajo versiones modificadas de la ley.
Impacto
De obtener el respaldo de la Legislatura y la firma del gobernador, esta normativa entraría en vigor en julio de 2026, posicionando a Colorado como el epicentro de un debate nacional sobre derechos civiles y reforma penal.
El proyecto SB 26-097 defiende que permitir a los clientes proporcionar información personal sin temor a ser arrestados facilitará que las trabajadoras evalúen riesgos de seguridad con mayor precisión.
Mientras organizaciones de derechos humanos celebran el avance hacia un modelo de reducción de daños, otros sectores sociales vigilan de cerca el impacto que este cambio estructural podría tener en la dinámica urbana y la protección de los colectivos más vulnerables del estado.
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