Un nuevo programa en Texas acerca a las familias de estudiantes de escuelas privadas a la posibilidad de utilizar fondos públicos para cubrir la matrícula de sus hijos.
Esto gracias a una reciente aprobación legislativa. Se trata de un programa de vales que cuenta con un presupuesto de $1.000 millones promovido por el gobernador Greg Abbott.
El proyecto aún requiere una aprobación final antes de ser enviado al Senado según informa Telemundo El Paso.
Esta votación es histórica, ya que es la primera vez desde 1957 que la Cámara de Representantes del estado destina fondos estatales a la educación privada.
¿De qué va el programa?
El programa de vales escolares permite a los padres elegir colegios privados, incluidos aquellos de carácter religioso, y utilizar recursos públicos para cubrir parcial o totalmente la matrícula.
Además, estos fondos pueden ser utilizados para otros gastos educativos, como tutorías, materiales escolares y transporte.
El proyecto de ley SB2 propone la creación de cuentas de ahorro para cada familia, conocidas como ESAs, que serían gestionadas por el estado.
Si una familia decide matricular a su hijo en una institución privada acreditada, el estudiante recibiría $10.000 anuales o $11.500 si presenta alguna discapacidad.
La matrícula promedio en colegios privados en Texas es de aproximadamente $11.348 al año, con variaciones según el nivel educativo.
Los fondos públicos para este programa provendrán de los ingresos recaudados de los contribuyentes, lo que plantea un cambio significativo en la financiación de la educación en el estado.
Estudiantes indocumentados no aplican
Una enmienda reciente excluye a estudiantes indocumentados del programa, requiriendo que los padres demuestren la ciudadanía o residencia legal del niño para participar.
El representante Brad Buckley, presidente del Comité de Educación Pública, abordó las preocupaciones sobre cómo se verificaría la ciudadanía y la privacidad de los solicitantes.
Asegura que las organizaciones encargadas del programa supervisarán las solicitudes y protegerán la información personal.
Aunque se plantearon dudas jurídicas sobre esta restricción, se reafirma que todos los estudiantes en EEUU tienen derecho a una educación pública, lo que complica la implementación del programa basado en fondos públicos.
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