Mucho migrantes que envían dinero desde Estados Unidos a sus familias en México están siendo vigilados sin saberlo.
Si el monto supera los 500 dólares, su nombre y su dirección son almacenados en una base de datos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede consultar sin orden judicial.
TRAC
Este sistema usado por el ICE, se llama TRAC y su uso ha generado serias críticas por vulnerar el derecho a la privacidad de personas inmigrantes.
TRAC, siglas del Centro de Análisis de Registros de Transacciones, contiene más de 340 millones de transferencias realizadas entre México y los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas.
La información almacenada incluye nombres, direcciones y montos tanto del remitente como del receptor, y puede ser consultada libremente por ICE, según reveló el medio La Nación.
Desde 2018, durante el gobierno de Donald Trump, ICE se convirtió en el principal usuario de TRAC, con alrededor de 950 cuentas activas. Un año después, esta agencia pasó a financiar directamente el sistema tras la ruptura del acuerdo inicial con la empresa Western Union.
Esta vinculación le ha otorgado a ICE el control total sobre el acceso a la base de datos, permitiéndole supervisar millones de envíos sin necesidad de contar con una orden judicial.
Aunque TRAC fue creado originalmente para combatir el lavado de dinero en la frontera, investigaciones periodísticas revelaron que sus datos también se han utilizado para rastrear movimientos financieros hacia regiones muy alejadas del propósito inicial, como China, Europa y el Caribe.
Esto fue revelado por The Intercept, que también alertó sobre el riesgo de que la herramienta se convierta en un mecanismo de vigilancia masiva contra inmigrantes.
El senador demócrata Ron Wyden denunció que ICE fue más allá del uso fronterizo del sistema, emitiendo citaciones federales para acceder a datos de ciudadanos que enviaban dinero desde zonas alejadas del límite con México.
Esto amplificó las críticas sobre el uso discrecional de la base de datos y la falta de controles judiciales para proteger los derechos de los usuarios.
Actualmente, la organización que administra TRAC se mantiene como una entidad sin fines de lucro, con sede en Arizona. Sin embargo, su financiamiento por parte de ICE ha hecho que su independencia esté en entredicho.
Grupos de defensa de derechos civiles han advertido sobre los riesgos de normalizar este tipo de vigilancia encubierta y han exigido mayor transparencia en el uso de la base de datos.
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