La ciudad de Lynwood, en el condado de Los Ángeles, oficializó su estatus como Ciudad Santuario mediante una votación unánime de su Concejo Municipal.
La medida establece una estructura legal que impide el uso de fondos, bienes o personal municipal en labores de control migratorio federal. Con esta decisión, la localidad, cuya población es mayoritariamente latina, se suma a un grupo reducido de jurisdicciones californianas que han formalizado mecanismos de protección para residentes sin estatus legal ante el incremento de operativos de vigilancia en la zona.
La aprobación de esta política tomó más de siete meses de gestión entre grupos civiles y los cinco miembros del Concejo. Durante este periodo, coaliciones de maestros, trabajadores de salud y activistas locales trabajaron para aclarar las dudas legales de los funcionarios, especialmente sobre posibles represalias financieras federales. La declaratoria convierte a Lynwood en la octava ciudad del condado en adoptar formalmente estas protecciones, siguiendo los pasos de metrópolis como Los Ángeles, Burbank y Huntington Park.
Restricciones en contrataciones y recursos
La ordenanza aprobada en Lynwood destaca por incluir cláusulas específicas sobre la contratación pública. A partir de su entrada en vigor, la administración local no establecerá vínculos comerciales con empresas que mantengan negocios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El reglamento faculta a la municipalidad para rescindir contratos vigentes en caso de que los proveedores omitan información sobre sus relaciones con agencias federales de migración, buscando asegurar que los impuestos locales no financien de forma indirecta estas actividades.
Protección de datos y espacios públicos
El marco legal de la Ciudad Santuario también impone límites estrictos al acceso de autoridades federales a zonas privadas de propiedad municipal.
Asimismo, se restringe la recopilación y divulgación de datos confidenciales de los habitantes por parte de los empleados públicos de la ciudad. Estas disposiciones responden a las denuncias de organizaciones vecinales que reportaron una presencia recurrente de patrullas migratorias en paradas de autobuses y espacios comunitarios durante el último año.
“Esta política municipal lo que hace es asegurar que los empleados de la ciudad tengan reglas claras sobre lo que no se puede cooperar con los agentes de migración; pero además enmienda la forma cómo contratamos”, declaró Juan Muñoz Guevara, concejal de Lynwood e impulsor de la medida durante el proceso de negociación.
Por su parte, desde los sectores de la sociedad civil que promovieron la iniciativa, se enfatizó la necesidad de seguridad jurídica para los residentes:
“Los funcionarios electos deben hacer algo para proteger a la comunidad; no pueden decir que no pueden hacer mucho. Al declararse Santuario, sabemos que no van a compartir información con la Migra ni usar edificios o recursos para ayudarles”, señaló Ana Méndez, representante de la plataforma local Unidos en Lynwood.
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