La administración de Donald Trump tomó recientemente la decisión de eliminar algunas protecciones del salario mínimo hechas durante la gestión Biden.
Según informa American Progress, esta decisión afecta a cientos de miles de trabajadores del sector privado que tienen contratos con el gobierno.
Esta medida se produce en un contexto de creciente preocupación por los costos de vida, lo que agrava la situación de estos empleados.
Antecedentes
El 14 de marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que revocó una regulación de la administración Biden que había elevado el salario mínimo para estos trabajadores a $17.75 por hora.
Esta norma anterior había beneficiado a numerosos empleados, asegurando que recibieran un salario justo.
Con la nueva orden, las empresas contratistas ahora pueden reducir significativamente los salarios, dado que el Departamento de Trabajo de EEUU ya no aplicará la regulación de Biden.
En cambio, una norma de la era Obama permite que algunos trabajadores ganen solo $13.30 por hora, lo que implica una reducción de hasta el 25% en sus salarios.
El gobierno ha utilizado históricamente su sistema de contratación para establecer estándares laborales, pero esta acción representa un retroceso en esos esfuerzos.
ïndices
Bajo la administración Biden, el salario mínimo para estos trabajadores se había incrementado de $10.95 a $15 por hora, ajustado anualmente por inflación.
Esto le permitió a muchos empleados recibir al menos $17.75 por hora, más del doble del salario mínimo federal de $7.25. La anulación de esta medida afecta a 327.300 trabajadores, quienes experimentaron un aumento salarial promedio de $5.228 al año.
Muchos de estos empleados no poseían un título universitario y dependían de estos ingresos para su sustento.
Durante su primer mandato, Trump ya había mostrado resistencia a aumentar el salario mínimo, lo que ahora se intensifica con la derogación del salario mínimo de $17.75.
Consecuencias tras la orden
Esta medida deja a los trabajadores con contratos federales expuestos a recortes salariales significativos.
Aunque existen protecciones como la Ley de Contratos de Servicios (SCA) y la Ley Davis-Bacon (DBA), estas a menudo son insuficientes y sus estándares salariales mínimos pueden ser mucho más bajos que el previamente establecido de $17.75 por hora.
Además, no se actualizan con la frecuencia necesaria para adaptarse a la inflación.
Algunos trabajadores tienen salarios mínimos de $13.17, $12.06 y $10.47, lo que significa que podrían enfrentar reducciones salariales drásticas hasta el nuevo mínimo de $13.30.
Las normas de la SCA y la DBA también excluyen a muchos empleados que antes estaban protegidos por la regulación de la era Biden, como los trabajadores de concesiones en parques nacionales.
En Puerto Rico, algunos trabajadores solo tienen un salario mínimo de $10.50, lo que agrava la situación.
Confusión
La revocación del salario mínimo está creando confusión entre los contratistas sobre qué nuevos estándares deben aplicar.
A pesar de que el gobierno de Trump argumenta que estas medidas ayudarán a "restaurar el sentido común", muchos críticos consideran que simplemente permiten a las corporaciones del sector privado explotar a sus empleados.
Esta no es la única acción del presidente Trump para recortar salarios; también ha derogado otras políticas de la administración Biden que promovían mejores condiciones laborales y un mayor acceso a inversiones en infraestructura.
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