El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una serie de medidas para boicotear a El Salvador debido a la colaboración del país centroamericano con la administración Trump en la deportación y detención de migrantes.
Esta denuncia nace del caso en particular de Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland deportado erróneamente a El Salvador y acusado injustamente de pertenecer a la pandilla MS-13.
Pritzker ordenó a las agencias estatales revisar y eventualmente suspender inversiones y contratos con empresas que sean total o parcialmente administradas, poseídas o controladas por el gobierno salvadoreño.
Además, solicitó a los sistemas de pensiones estatales -como la Junta de Inversiones del Estado, el Sistema de Retiro de las Universidades Estatales y el Sistema de Retiro de Maestros- identificar cualquier inversión vinculada a El Salvador para evaluar posibles sanciones económicas.
Además, se ordenó al Departamento de Servicios de Administración Central de Illinois y a la Oficina de Comercio e Inversión realizar un análisis exhaustivo del comercio y las relaciones económicas entre Illinois y El Salvador para evaluar el impacto de posibles medidas restrictivas.
Con estas acciones, Illinois se suma a una postura crítica hacia la política migratoria y judicial aplicada en la relación bilateral, buscando presionar para que se respeten los derechos humanos y el debido proceso legal en casos de deportaciones y detenciones de migrantes.
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