La polémica entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz escaló a los tribunales. El cantante ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, a quien acusa de difamación pública por calificarlo de “abusador sexual”. La acción legal surge después de que la fiscalía española archivara la investigación penal en su contra debido a que los presuntos hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España, en la República Dominicana y en las Bahamas.
La demanda busca que Díaz se retracte públicamente de sus declaraciones y reconoce el daño causado a la reputación del artista, que ha sido una figura icónica de la música en español durante más de medio siglo.
Archivo de la fiscalía y contexto de las denuncias
El origen del conflicto se remonta a enero, cuando dos exempleadas del cantante presentaron denuncias por presuntas agresiones sexuales. La fiscalía decidió archivar el caso, señalando que los tribunales españoles carecían de jurisdicción sobre hechos ocurridos fuera del territorio nacional. Este archivo no implica un examen de fondo de las acusaciones, sino una decisión técnica basada en la competencia legal.
En paralelo, Yolanda Díaz difundió en redes sociales comentarios sobre las denuncias, calificando los relatos de “escalofriantes” y enfatizando la gravedad de las acusaciones. Esto desencadenó una ola de reacciones públicas y dio pie a la acción legal por parte de Iglesias.
La demanda: rectificación pública e indemnización
El equipo legal de Julio Iglesias solicita que la vicepresidenta rectifique sus declaraciones en los mismos medios donde fueron difundidas y que se considere una compensación por el daño causado a su imagen. Iglesias sostiene que las afirmaciones violan el principio de presunción de inocencia y han afectado gravemente su reputación, tanto en España como internacionalmente.
La demanda aclara que, en caso de no lograrse un acuerdo conciliatorio, el cantante se reserva el derecho de avanzar con una querella formal por injurias y calumnias.
Reputación y próximos pasos
Aunque las denuncias contra Julio Iglesias fueron archivadas, la disputa legal con la vicepresidenta Díaz mantiene el caso en el foco de la atención pública. La demanda busca tanto la reparación de la reputación del artista como la reafirmación del principio de inocencia ante la opinión pública.
En las próximas semanas, los tribunales decidirán si Díaz se retracta o si el proceso avanza hacia una querella formal, definiendo un capítulo clave en la intersección entre justicia, política y comunicación pública.
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