En un giro inesperado que ha sacudido el panorama político de los Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han solicitado formalmente que sus próximos testimonios ante el Congreso sean de carácter público y televisados. Esta petición surge tras meses de tensiones legales y la amenaza inminente de ser declarados en desacato por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El giro estratégico de los Clinton
Luego de resistir durante semanas las citaciones relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein, la pareja ha optado por una estrategia de "transparencia total". Según declaraciones de sus representantes legales y publicaciones en redes sociales, los Clinton argumentan lo siguiente:
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Evitar filtraciones selectivas: sostienen que una audiencia a puerta cerrada permitiría a sus oponentes políticos filtrar fragmentos de sus declaraciones fuera de contexto para alimentar narrativas perjudiciales.
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Defensa directa ante la opinión pública: Bill Clinton ha expresado que "el pueblo estadounidense merece ver la verdad sin filtros", buscando desmantelar lo que califican como un "circo político" orquestado por la mayoría republicana.
La respuesta del Congreso: sesiones privadas
A pesar de la solicitud de la pareja, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, ha mantenido una postura firme. Hasta este fin de semana de febrero de 2026, la decisión del comité es realizar las comparecencias bajo las siguientes condiciones:
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Carácter privado: las sesiones se llevarán a cabo bajo juramento pero a puerta cerrada, siguiendo el protocolo de declaraciones grabadas y transcritas.
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Argumento de eficiencia: Comer sostiene que una audiencia pública se convertiría en un espectáculo mediático que obstaculizaría el avance técnico de la investigación.
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Fechas confirmadas: Se mantiene el calendario que sitúa a Hillary Clinton el 26 de febrero y a Bill Clinton el 27 de febrero frente a los legisladores.
Un clima de tensión política
La capitulación de los Clinton ante la citación ocurrió justo antes de una votación crítica que podría haberles acarreado sanciones severas, incluyendo multas y penas de cárcel de hasta cuatro meses por desacato. Analistas sugieren que este "duelo por el formato" es una batalla por el control de la narrativa: mientras el Congreso busca detalles técnicos, los Clinton buscan que cualquier revelación ocurra bajo la luz del escrutinio público para mitigar el impacto político.
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