La Fiscalía General y la Policía de Ecuador ejecutaron este sábado un allanamiento en la sede de la Revolución Ciudadana en Quito. La intervención judicial tiene como objetivo recolectar indicios sobre el supuesto ingreso de recursos en efectivo desde territorio venezolano, los cuales habrían sido destinados al financiamiento de la pasada campaña electoral.
La investigación ha cobrado relevancia tras el testimonio de Santiago Díaz, antiguo jefe de campaña de la agrupación. Según sus declaraciones ante la justicia, el flujo de estos fondos se habría realizado bajo supervisión directa de los mandos superiores del movimiento. Este aporte de información ha permitido a los investigadores trazar una ruta del dinero que ahora intentan corroborar mediante la revisión de documentos y archivos digitales incautados.
En respuesta al operativo, los dirigentes del movimiento han manifestado su rechazo, calificando la acción de las autoridades como una medida de presión política. Han sostenido que sus cuentas son transparentes y que los señalamientos de Díaz carecen de sustento probatorio, viéndose como un intento de criminalizar su actividad partidaria en el país.
El proceso entra ahora en una fase de análisis pericial del material retenido. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo estricta observación debido a las implicaciones que podría tener sobre la normativa de financiamiento de partidos y la relación institucional con otros actores regionales involucrados en la narrativa de la denuncia.
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