Un tribunal federal de Minnesota dictó una medida cautelar preliminar que impide a las autoridades migratorias detener o deportar a refugiados que residen legalmente en dicho estado. La decisión judicial surge tras la implementación de una directriz del Departamento de Seguridad Nacional que ordena el reingreso a custodia federal de estos ciudadanos un año después de su llegada al país, mientras se tramita su residencia permanente.
Freno a la política federal
El fallo del juez John Tunheim extiende una protección que inicialmente era temporal. La resolución judicial bloquea la interpretación del gobierno actual sobre la ley de inmigración, la cual sostiene que tiene la facultad de mantener bajo custodia a miles de personas que ingresaron al país bajo programas de refugio, incluso si ya superaron las verificaciones de antecedentes previas.
"Este Tribunal no permitirá que las autoridades federales utilicen una interpretación estatutaria nueva y errónea para aterrorizar a los refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían recibidos y se les permitiría vivir en paz", dijo John Tunheim Juez federal.
Argumentos en conflicto
La administración federal asegura que estas detenciones son necesarias para revisar las solicitudes de residencia y descartar fraudes. Por su parte, la justicia local determinó que estas acciones carecen de autorización del Congreso y afectan los derechos de quienes llegaron al país huyendo de persecución en sus naciones de origen.
"Les prometimos la esperanza de que algún día podrían alcanzar el sueño americano", dijo Tunheim. "La nueva política del Gobierno rompe esa promesa —sin autorización del Congreso— y plantea serias preocupaciones constitucionales. La nueva política convierte el sueño americano de los refugiados en una pesadilla distópica".
Alcance de la medida
Aunque la orden judicial solo tiene efecto dentro de los límites de Minnesota, el caso establece un precedente sobre el manejo de los refugiados que aún no poseen la tarjeta de residencia o "green card". Por ahora, los cuerpos de seguridad federales tienen prohibido realizar operativos de captura contra este grupo específico de inmigrantes en el estado.
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