Un juez de Ecuador condenó este martes a tres años de prisión a un policía acusado de intentar traficar 185 bebés tortugas gigantes desde las Islas Galápagos, de las cuales 32 murieron.
El juez Ramón Abad, de la Unidad Judicial Multicompetente de la Isla Santa Cruz, quien llevó el caso, condenó al policía Nixon Alejandro P. D. como "responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas", informó el Ministerio del Ambiente en un comunicado.
Este tipo de delitos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del país, en el marco de las garantías y derechos constitucionales de los que goza la naturaleza en el país.
Además de los tres años de prisión, el acusado fue sentenciado a un pago de indemnización para la "reparación integral del daño causado a la víctima", en un monto establecido de 639.100 dólares.
Asimismo, el reo deberá presentar "disculpas públicas" a través de un medio de comunicación nacional, señala la sentencia emitida por el juez Abad.
En el proceso se determinó como agravantes del caso el hecho de que las tortugas gigantes son especies amenazadas y en peligro de extinción.
También se consideró que el delito fue cometido dentro de una unidad del Sistema Nacional de Areas Protegidas, como es el Parque Nacional Galápagos, lo que generó un "grave daño" al medioambiente y a la biodiversidad de la zona.
Según la sentencia, el delito, además, fue cometido con el uso de técnicas que causaron la muerte de 32 pequeñas tortugas, a poco tiempo de haber eclosionado.
"Se sienta un precedente"
El ministro del Ambiente, Marcelo Mata, aseguró que "con esta sentencia de primera instancia se sienta un precedente en beneficio de la naturaleza, de la fauna, de la biodiversidad y, sobre todo, de la honestidad que el planeta merece".
"Hoy se hizo justicia, esperamos que el proceso siga sus pasos y se llegue a un fallo en firme", añadió el titular de la cartera de Ambiente.
De su lado, el director del Parque Nacional Galápagos (PNG), Danny Rueda, afirmó que la sentencia fue el resultado de un proceso en el que la autoridad encargada de vigilar y proteger la biodiversidad del archipiélago aportó con la información y las pericias requeridas por las autoridades judiciales.
"El tráfico de especies protegidas es un golpe para la naturaleza que, en esta oportunidad, no pudo efectuarse gracias a los procedimientos implementados (por el PNG) en coordinación con otras instituciones", añadió Rueda.
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