La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el martes 10 de febrero de 2026 una poderosa orden ejecutiva que prohíbe de inmediato a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizar cualquier propiedad municipal para sus operaciones.
Esta medida tiene como objetivo proteger a la comunidad migrante ante el aumento de las tácticas federales en la zona.
Un freno a las tácticas de "sitio" en espacios municipales
La Directiva Ejecutiva 17 (ED 17) establece que ninguna instalación controlada por la ciudad —como estacionamientos, parques, bibliotecas o clínicas— podrá ser utilizada como zona de espera, centro de procesamiento o base de operaciones para el personal de inmigración.
Según informes de la agencia EFE y la cadena CBS Los Angeles, la orden exige a los departamentos municipales identificar áreas vulnerables y colocar señalización clara que limite el acceso a los agentes federales.
"No permitiremos que nuestra ciudad sea dividida", declaró Bass durante la firma. "Estamos tomando medidas para garantizar que nuestros espacios públicos sigan siendo seguros para todos los residentes, sin importar su estatus migratorio".
La vigilancia policial y las sanciones a privados
La nueva orden no solo restringe el uso del espacio público; también le pide al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que intensifique el monitoreo de las actividades de ICE y que conserve evidencia de cualquier conducta inapropiada durante los arrestos.
Además, la alcaldesa ha instruido al Departamento de Planificación Urbana para que elabore una normativa que imponga tarifas a los propietarios privados que decidan ceder el control de sus propiedades a agentes federales para llevar a cabo operativos.
Fuentes consultadas por Univision 34 indican que esta estrategia tiene como objetivo desincentivar la colaboración privada con las redadas que han agitado la ciudad en los últimos meses.
Contexto de una crisis creciente
Esta decisión se produce en un momento de alta tensión entre el gobierno local y las autoridades federales.
Según el portal informativo LAist, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, ha enfrentado críticas severas recientemente tras sugerir que el departamento podría no aplicar con rigor las leyes estatales que prohíben a los agentes federales usar máscaras durante los operativos.
La administración de Bass refuerza así la Ordenanza de Ciudad Santuario, aprobada a finales de 2024, en respuesta a una alarmante realidad económica: un informe reciente citado por la alcaldía estima que los trabajadores indocumentados contribuyen con más de 250 mil millones de dólares al PIB del condado de Los Ángeles.
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