El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha dado un paso importante y costoso en su enfoque hacia la aplicación de la ley migratoria al firmar un contrato para adquirir su propia flota de aviones destinada a la deportación de inmigrantes.
Esta decisión representa un cambio significativo respecto a la tradicional dependencia de aeronaves chárter, con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia de las expulsiones.
De acuerdo con lo que informó el diario The Washington Post, el DHS, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha concretado un acuerdo de aproximadamente $140 millones con la empresa Daedalus Aviation, ubicada en Virginia, para la compra de seis aviones Boeing 737.
Dos funcionarios que están al tanto del contrato le comentaron al Post que la agencia tiene planes más ambiciosos para esta flota, buscando no solo aumentar su capacidad para realizar deportaciones, sino también para trasladar a detenidos entre diferentes instalaciones en el país, dijeron funcionarios no identificados al The Washington Post.
Cifras en aumento y preocupaciones por el debido proceso en medio de la intensificación de las redadas del ICE
La reciente adquisición de la flota resalta el aumento en las operaciones de expulsión.
Desde que comenzó la actual administración hasta finales de octubre, el DHS ha llevado a cabo 1,701 vuelos de deportación a 77 países, lo que representa un impresionante aumento del 79% en comparación con el mismo período del año anterior.
Un exfuncionario del DHS, que prefirió permanecer en el anonimato al hablar con el Post, mencionó que la razón detrás de esta compra es la necesidad de expandir la capacidad, aunque también admitió que administraciones anteriores habían considerado y luego desechado planes similares debido a los altos costos logísticos de mantener una flota propia.
Además, datos recientes del gobierno revelan que los inmigrantes sin antecedentes penales ahora representan la mayor parte de las personas detenidas.
Los defensores de los derechos migratorios critican que la aceleración de las deportaciones y los traslados rápidos entre centros, a menudo sin previo aviso, pueden dificultar que los detenidos accedan a sus familias, comunidades y asesoría legal, lo que plantea serias preocupaciones sobre la violación de los derechos al debido proceso.
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