La jueza Indira Talwani detuvo formalmente la anulación generalizada de estos permisos que había llevado a cabo el gobierno del presidente, Donald Trump.
Atendiendo a una petición provisional de amparo dentro de un litigio federal, Talwani puso en duda el método empleado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), describiéndolo como amplio e injustificado.
“La decisión de cancelar de forma categórica, sin ninguna revisión individual, las concesiones de parole no está contemplada en el estatuto como una facultad discrecional de la Secretaria”, aseguró la jueza.
Por su parte, John De la Vega, abogado especializado en inmigración, atento observador del caso, aclara que esta resolución no implica una prórroga automática del permiso de permanencia temporal, reseña Telemundo 51.
“Lo que identificó la jueza federal es que la administración ha utilizado de forma general esta medida para más de medio millón de beneficiarios sin haber hecho una determinación caso por caso”, explicó.
¿Qué establece la resolución que ampara el parole humanitario?
La resolución judicial establece una salvaguarda provisional mientras la demanda colectiva continúa su curso en el Distrito de Massachusetts.
A menos que se emita una nueva decisión que la anule, los permisos de empleo y la condición legal asociados al permiso de permanencia temporal mantendrán su validez, aunque únicamente dentro del límite de los 24 meses autorizados a partir de la fecha de entrada a la nación.
“Esto no te da más meses para estar en el país. Después de 24 meses se acaba la estadía bajo el parole humanitario”, aclara De la Vega.
La administración de Biden puso en marcha un programa que facilitó la llegada a Estados Unidos de más de 532.000 personas originarias de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Se calcula que entre 90.000 y 100.000 de las autorizaciones concedidas a través de esta iniciativa ya han vencido.
¿Quiénes no son protegidos por la demanda?
No se les concedió el permiso de permanencia temporal (parole) para ingresar al país.
Obtuvieron un permiso de parole que posteriormente expiró.
Sus peticiones de patrocinio quedaron sin respuesta.
La disposición judicial tampoco modifica la suspensión que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto en marcha en el análisis de las peticiones de regularización migratoria introducidas por estas personas favorecidas por el programa.
“Ciertamente el gobierno puede tener poder en esa área hasta cierto punto porque ellos pueden también investigar si la persona de verdad califica ese beneficio y es algo que el gobierno ha utilizado por décadas, no es nada más con este programa”, precisa el abogado.
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