El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó este jueves un cambio radical en sus protocolos que otorga a las autoridades federales la facultad de arrestar y mantener bajo custodia a refugiados legales.
Esta medida afecta directamente a quienes, tras cumplir un año de estancia en Estados Unidos, aún no han formalizado su estatus de residencia permanente.
Memorándum
Según un memorando interno, el Gobierno justifica esta acción como un paso importante para fortalecer la seguridad nacional, argumentando que la admisión inicial es condicional y requiere una inspección exhaustiva posterior.
Esta decisión revoca las directrices previas que prohibían la detención por retrasos administrativos y obligaban a la liberación de los individuos en un plazo de 48 horas según detalla CNN.
La nueva normativa surge en un clima de alta tensión migratoria, donde la administración actual ha reducido drásticamente los cupos de admisión anual, fijándolos en apenas 7 500 personas, una cifra significativamente menor a los 100 000 refugiados recibidos en 2024.
Voces en contra
Organizaciones de derechos humanos, como el International Refugee Assistance Project, denuncian que esta política busca despojar de legalidad a comunidades vulnerables que ya superaron rigurosos filtros de seguridad.
Actualmente, la medida enfrenta desafíos legales en tribunales federales, como el caso en Minnesota que protege temporalmente a más de 5 600 refugiados, mientras el DHS sostiene que simplemente cumple con leyes del Congreso para evitar que extranjeros circulen sin una reevaluación completa de sus antecedentes.
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