Un juez federal bloqueó temporalmente este miércoles la aplicación de una ley de la Florida que convierte en delito grave el transporte de inmigrantes indocumentados al estado.
Todo esto pone en entredicho el destino de una parte clave de la agenda migratoria del gobernador Ron DeSantis.
La ley estatal, que entró en vigor en julio pasado para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados en la Florida, provocó el arresto de migrantes indocumentados por cargos de contrabando de personas.
“Se extiende más allá de la autoridad del estado para hacer arrestos por infracciones de la ley federal de inmigración, y al hacerlo, se inmiscuye en un territorio que tiene precedencia”, comentó Roy K. Altman, juez del Distrito Sur de la Florida.
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Ley de Florida bloqueada temporalmente
Altman también bloqueó temporalmente la ley porque, de lo contrario, dijo que los demandantes “sufrirían daños irreparables”, incluso por la separación familiar.
Hasta ahora la oficina de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión judicial.
Esta decisión ocurre después que la Farmworker Association of Florida y varios de sus miembros, representados por la ACLU, el Southern Poverty Law Center y otras organizaciones presentaron una demanda federal en agosto.
Aclaraciones de la demanda
El grupo alega que una disposición de la ley estatal es “inconstitucionalmente vaga” porque no está claro quién sería criminalizado en virtud de la ley.
La procuradora general de la Florida, Ashley Moody, una de las demandadas, argumentó en documentos judiciales que los demandantes no tenían la capacidad legal para presentar el caso.
Moody aclaró que los titulares de visados, los beneficiarios del DACA, los solicitantes de asilo y las personas con procedimientos de expulsión pendientes se consideran “inspeccionados” por el gobierno federal.
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Inmigrantes afectados
La demanda también argumentó que esto causaría un “daño irreparable” porque perjudicaría a los miembros de las comunidades de inmigrantes, incluidas las familias y los trabajadores de estatus variado, así como a las personas que los ayudan.
El demandante, aboga por casi 12.000 trabajadores agrícolas de la Florida, expresó en una declaración jurada que estimaba que alrededor de 100 familias miembros que se fueron para evitar el riesgo de ser acusados de un delito grave.
Los testimonios de los demandantes incluyeron la pérdida de oportunidades laborales y la separación de sus familias por no atreverse a cruzar las fronteras estatales.
Con información de El Nuevo Herald
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