En Maine, Estados Unidos (EEUU), se ha dado un paso histórico en materia de inmigración esta semana, lo que ha generado un fuerte eco entre los defensores y detractores de la comunidad.
Se ha anunciado que la gobernadora del estado, Janet T. Mills, ha pasado a respaldar una propuesta de ley pro-inmigrantes aprobada por la legislatura estatal.
Estamos hablando del proyecto ley LD 1971, que “técnicamente” convierte a Maine en lo que muchos llaman un "estado santuario".
Esto ha sido una sorpresa, ya que, hasta hace poco, la gobernadora se había mostrado escéptica, calificando la propuesta como "vaga y confusa".
Sin embargo, cambió su postura esta semana a través de un artículo de opinión en el Portland Press Herald, donde argumentó que “los tiempos lo exigen".
Como disparador de este cambio, citó acciones "extraordinarias y horrorosas" de las agencias federales (refiriéndose a ICE) bajo la administración Trump.
Además, afirmó que los oficiales de Maine deben dedicarse a hacer cumplir las leyes del estado, no las leyes federales de inmigración.
Entienda qué contiene la nueva ley LD 1971
Recordemos que, el Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes destacó en un comunicado que esta normativa brindará a las comunidades inmigrantes y a todo el estado “la protección que tanto necesitan contra la amplia agenda de deportaciones masivas de la administración Trump“.
Entre los puntos clave de ley se destaca:
- Limita la cooperación: prohíbe a la policía estatal y local detener, interrogar o arrestar a una persona basándose únicamente en su estatus migratorio.
- Sin "órdenes de retención" administrativas: impide que las cárceles locales retengan a personas más allá de su fecha de liberación legal solo porque ICE lo solicite (a menos que haya una orden judicial firmada por un juez).
- Eliminación de órdenes anteriores: Mills también derogó una orden ejecutiva de 2011 (de la era del exgobernador republicano Paul LePage) que exigía una cooperación total con las autoridades federales de inmigración.
Los defensores de la iniciativa celebraron la medida como una protección vital contra la "agenda de deportación masiva" y una forma de generar confianza entre los inmigrantes y la policía local para que estos últimos puedan reportar crímenes sin miedo.
Sin embargo, la aplicación de esta ley enfrenta posibles demandas DHS.
Por una parte, las voces de los republicanos han criticado duramente a la gobernadora, alegando que la ley "protege a criminales", debilita la seguridad pública y crea riesgos innecesarios en un estado fronterizo.
Mientras que El "zar de la frontera" de la administración Trump, Tom Homan, ya ha advertido previamente que la administración planea "inundar la zona" con agentes federales en aquellas jurisdicciones que se declaren santuario o se nieguen a cooperar.
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