Las denuncias sobre detenciones de migrantes por agentes poco identificables han crecido en diversos puntos del país. La falta de señales claras y el uso de ropa civil ha impedido que familiares y organizaciones identifiquen correctamente qué cuerpo de seguridad lleva a cabo los arrestos, provocando confusión y tensiones en las comunidades migrantes.
La información fue obtenida a través del portal web de El País, el cual destaca la operatividad de agentes federales armados, frecuentemente sin uniformes ni placas y en ocasiones en vehículos sin señales identificativas.
Estas prácticas, reportadas en lugares públicos, han intensificado la preocupación entre manifestantes y defensores de derechos civiles, quienes exigen mayor transparencia en los operativos de deportación.
En la ofensiva migratoria implementada bajo la administración de Donald Trump participan distintos organismos. Entre los más conocidos se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de identificar y detener a inmigrantes en situación irregular, y la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), enfocada en amenazas a la seguridad pública y en quienes han reincidido tras una expulsión previa del país. Además, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se encargan de combatir delitos federales de mayor escala, como trata de personas o fraudes.
Características de los uniformes: cómo identificarlos
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Los agentes ICE suelen vestir chalecos negros antibalas con "POLICE" y las siglas "ICE", "ERO" o "HSI" en letras grandes; frecuentemente portan placas de identificación metálica y pueden también actuar vestidos de civil.
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La Patrulla Fronteriza opera en uniforme verde oscuro, con chalecos que señalan “POLICE” seguido de “U.S. BORDER PATROL”; sus vehículos oficiales son blancos con franjas verdes e inscripción de “BORDER PATROL”.
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Los agentes de la Guardia Nacional portan uniforme militar camuflado, con parches de "Guardia Nacional" y equipamiento militar reglamentario.
No fue sino hasta el despliegue realizado en Los Ángeles, que se confirmó la llegada de 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional, apoyando a las fuerzas federales en tareas de control y seguridad. La autoridad sobre estos operativos permanece bajo jurisdicción federal, tras decisión del Tribunal de Apelaciones.
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