La jueza federal Stephanie Haines, designada por Donald Trump, dictaminó que el gobierno puede emplear la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos que tengan evidencia de pertenecer a organizaciones delictivas.
El fallo se produce en medio de controversias legales previas, donde al menos otros tres jueces federales habían cuestionado el uso indebido de esta ley para acelerar deportaciones relacionadas con pandillas venezolanas, informó The Associated Press.
Gobierno debe dar aviso formal con 21 días de antelación
Entretanto, la jueza Haines ordenó que el gobierno proporcione un aviso formal con al menos 21 días de antelación a las personas afectadas, mucho más tiempo del que se había otorgado en casos anteriores.
“Este caso plantea cuestiones significativas que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los cuales se funda el gobierno de esta nación”, escribió Haines.
La magistrada aclaró que su fallo no aborda si otras leyes migratorias permiten deportar a personas sin vínculo con organizaciones terroristas ni si se puede aplicar esta ley a individuos sospechosos de pertenecer a otros grupos delictivos.
Sin embargo, especificó que ciudadanos venezolanos mayores de 14 años, sin estatus legal y vinculados a grupos delictivos, pueden ser deportados bajo esta normativa.
Demanda de venezolano deportado en febrero
Este proceso de deportaciones ha generado múltiples demandas en diferentes estados, incluyendo aquella presentada por un ciudadano venezolano que asegura haber huido a Estados Unidos en 2023.
La demanda sostiene que fue arrestado en febrero tras ser denunciado por un vecino como miembro de un grupo delictivo; sin embargo, él niega esas acusaciones y su identidad permanece reservada en el expediente judicial.
Luego una primera orden temporal que prohibía al gobierno usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes en su distrito, Haines levantó esa restricción este martes, permitiendo reanudar las expulsiones siempre y cuando se garantice un aviso previo adecuado y una oportunidad para presentar objeciones.
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