Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno federal estableció acuerdos financieros con Texas y otros estados, en los cuales se comprometieron a destinar los fondos recibidos a acciones que contribuyeran a controlar la pandemia y proteger la salud pública.
Tras la culminación del acuerdo el año pasado, Texas implementó una rápida desinscripción de sus residentes del programa Medicaid, superando a otros estados en este proceso.
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No obstante, los funcionarios estatales admitieron haber cometido errores que resultaron en la pérdida de cobertura médica para más de dos millones de personas, principalmente niños.
Un número creciente de individuos que consideran que fueron eliminados de manera indebida del programa de salud conjunto entre el estado y el gobierno federal están realizando esfuerzos intensos para ser reincorporados, lo que ha resultado en una lista de espera de más de 200.000 solicitudes pendientes.
Medicaid toma medida radical para sus asegurados en Texas
Al analizar una gran cantidad de registros públicos y privados, medios locales del estado confirmaron que los errores cometidos, y otros similares, podían haberse prevenido.
Estas fallas habían sido objeto de advertencias reiteradas por parte del gobierno federal, personas que denunciaron irregularidades y defensores de los derechos humanos.
Tras la conclusión oficial de la emergencia en abril de 2023, los estados adquirieron la potestad de recortar sus listas de beneficiarios.
Con el fin de evitar consecuencias negativas, el gobierno federal estableció un límite del 11% de revisiones mensuales, advirtiendo que un ritmo más acelerado podría sobrecargar sus sistemas informáticos y resultar en la eliminación errónea de individuos que tenían derecho a los beneficios.
Si bien se dieron sugerencias sobre cómo llevar a cabo estas reducciones, Texas decidió tomar un camino distinto, uno mucho más enérgico.
En el primer mes de estas medidas, el estado puso bajo revisión cerca de un millón de casos, lo que representa el 17% de todos los casos que tenían que evaluar.
Es importante destacar que, en un lapso de cuatro meses, el estado excluyó de Medicaid a más de 600.000 personas.
Esta disminución se atribuye principalmente a razones administrativas, como la no presentación de la documentación requerida dentro del plazo establecido, y no a una determinación de que los individuos ya no cumplían con los requisitos para recibir los beneficios.
Con información de RPP
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