La Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 20 años a dos militares colombianos acusados de asesinar en junio de 2004 a un joven para presentarlo como guerrillero muerto en combate, informaron portavoces oficiales.
El Ministerio señaló que según las investigaciones los soldados del Ejército, que pertenecían al Batallón de Artillería número 4, "conocían y comprendían perfectamente la irregularidad de su acción, por lo que pudieron autodeterminarse con esa comprensión al momento de ejecutar el hecho reprochado".
Al parecer, los uniformados retuvieron y posteriormente dieron muerte a un campesino que fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa y sus hijos en zona rural del municipio de Granada, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Para la Procuraduría los militares incurrieron en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Las ejecuciones de civiles por parte de militares en medio del conflicto armado que afecta al país, conocidas como "falsos positivos", empezó a llamar la atención en 2008, cuando se estableció que unos jóvenes que fueron encontrados muertos y acusados de pertenecer a grupos armados ilegales eran desempleados y drogadictos.
Familiares de las víctimas coincidieron en señalar que todos ellos habían sido contactados por desconocidos que llegaron al municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, y les hicieron ofertas de trabajo en otros lugares del país.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que dentro del Ejército operó una red dedicada a buscar a jóvenes para usarlos como "carne de cañón", con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.
Con esos "falsos positivos" los militares comprometidos en las irregularidades buscaban el reconocimiento de sus superiores y "premios" como días de descanso.
De acuerdo con cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3.000 víctimas en Colombia y al menos 1.622 investigaciones que involucran a casi 4.000 miembros de la fuerza pública. /DPA