La Fiscalía de la Audiencia Nacional realizó actividades para investigar posibles responsabilidades medioambientales en la situación del Parque Nacional de Doñana.
Mencionada indagación no se enfoca al ámbito penal, sino administrativo, que busca “garantizar la adopción de medidas necesarias”.
Esto, con la finalidad de cumplir con la sentencia que el Tribunal de la Unión Europea (UE) dictaminó en el 2021 con respecto al espacio protegido.
Esta resolución indicaba que “una de las causas significativas del deterioro medioambiental” de Doñana, eran las “extracciones abusivas extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea”
La sustracción ilícita del vital líquido entró en el debate político cuando la Junta de Andalucía de Juanma Moreno propuso una nueva ley.
Dicha ordenanza, según los ecologistas y la oposición, daba cobertura a esas extracciones.
El decreto del fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, menciona expresamente la cuestión.
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Cita un escrito de la Comisión Europea al Parlamento de la UE “relativa al riesgo de regulación de 750 hectáreas de regadíos ilícitos”.
La Fiscalía señala que las diligencias abiertas este jueves tienen como fin poder exigir responsabilidad medioambiental.
Este compromiso le corresponde a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que ejecuten a la captación de aguas subterráneas.
Hasta ahora, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y el Ministerio Público pidió informes especiales al Seprona y a distintos organismos.
El fiscal del caso, Manuel Campoy Miñarro, solicitó información sobre los efectos adversos y significativos en cuanto al estado ecológico.
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