El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Chris Magnus, actual jefe de policía de la fronteriza ciudad de Tucson, Arizona, como el nuevo comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En su nueva responsabilidad Magnus tendrá que lidiar con la seguridad de las fronteras del país. Un gran reto si se tienen en cuenta las críticas de los conservadores a la Administración del presidente Joe Biden ante la abrumadora llegada de migrantes indocumentados, entre los que se cuentan miles de menores.
Magnus fue un crítico de las políticas de inmigración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021). Al postularlo en abril pasado la Casa Blanca destacó la "amplia experiencia del nominado en abordar problemas de inmigración”.
También recalcó el "papel clave (de Magnus) en la reconstrucción de la confianza de la comunidad en (las instituciones dedicadas a la) aplicación de la ley. En la reducción drástica de la cantidad de tiroteos y homicidios” al estar al frente del Departamento de Policía de Tucson (TPD).
CONTROVERSIAS
No obstante, Magnus no ha estado exento de controversias, ya que en junio pasado intentó dimitir después de la muerte en abril del hispano Carlos Ingram López cuando era inmovilizado por agentes en Tucson.
La votación de confirmación (por 50 a 47) de Magnus había estado estancada en el Senado durante semanas después de su audiencia el pasado 19 de octubre.
Durante esa audiencia, el jefe de policía de Tucson dijo que, como jefe de la CBP, daría prioridad a la aplicación de las leyes de inmigración de EE.UU. Mientras se mantiene el trato humano de los migrantes bajo custodia federal.
También destacó la importancia de las pruebas y la vacunación contra la COVID-19 de los migrantes detenidos.
Magnus tendrá que enfrentarse también a la nueva implementación del programa “Quédate en México”. Que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país latinoamericano mientras sus casos se resuelven en EE.UU. Los agentes de CBP son los encargados de procesar a estos solicitantes.
La CBP, que cuenta con más de 60.000 empleados y es una de las organizaciones policiales más grandes del mundo, no tenía un jefe confirmado por el Senado desde abril de 2019.
EFE
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