Diario 2001
El estado libre asociado de EEUU pagó sólo US$628.000 de los US$58 millones que debía desembolsar este lunes a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), con lo cual entró en default o cesación de pagos por primera vez en su historia.
“Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del estado libre asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece”, señaló, en un comunicado, Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Acosta Febo explicó que el pago no pudo hacerse debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso.
Elías Gutiérrez, uno de los economistas de más prestigio en la isla, apunta que la decisión de no pagar la deuda de la PFC es resultado de un cálculo recomendado por asesores del gobierno, que han concluido que los tenedores de deuda de dicha corporación tienen una posición débil para hacer frente legalmente al Ejecutivo.
Reestructuración. El gobernador Alejandro Padilla dijo que la crisis de la deuda que asciende a unos 70 mil millones de dólares es parte de la “espiral mortal” que enfrenta la economía de Puerto Rico y debe ser “reestructurada”.
El secretario de la gobernación de Puerto Rico Víctor Suárez agregó, a todo este oscuro panorama económico boricua, que la isla no tiene programadas reuniones de negociación con los acreedores de la CFP a los que no se les pagó este lunes.
“Los distintos acreedores se van a tratar de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno”, afirmó el secretario.
Según Suárez, la negociación “dependerá de la disponibilidad de los distintos acreedores a trabajar, según se vaya desarrollando el plan de ajuste fiscal”.
Incertidumbre
Puerto Rico no puede acogerse a la ley de quiebra federal que rige en EEUU, ya que fue excluido hace años del Capítulo 9, por lo que su gobierno no tiene potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.
Desde San Juan se piensa que una bancarrota ordenada por un juez permitiría llegar a un acuerdo con los acreedores que evite una batalla judicial impredecible.
La incertidumbre sobre qué pasará con la deuda de Puerto Rico coincide con la publicación del Índice de Actividad Económica, que cayó en el último año 1,6% debido a la pérdida de empleos y la bajada del consumo de gasolina y cemento.
Lea más en su Diario 2001