La Fiscalía General de la República de Cuba inició en las últimas horas un proceso penal formal contra seis residentes de Florida, EEUU.
De acuerdo con la información de medios internacionales, los ciudadanos fueron capturados tras un enfrentamiento armado con tropas guardafronteras en el norte de la isla.
Los implicados han sido instruidos de cargos por delitos de terrorismo, luego de que las autoridades calificaran el incidente como un intento de infiltración con el objetivo de realizar actos violentos en territorio nacional.
¿Qué ocurrió?
El suceso, que tuvo lugar el pasado 25 de febrero, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Los hechos ocurrieron en la zona de Corralillo, específicamente en Cayo Falcones, cuando una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) fue detectada en aguas cubanas.
Según el reporte oficial, al ser interceptados por una unidad de cinco guardafronteras para su identificación, los tripulantes de la embarcación privada abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que desató un intercambio de disparos que terminó en tragedia.
Actualmente, los seis detenidos se encuentran bajo la medida de prisión provisional mientras el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Ministerio del Interior, concluye las investigaciones sobre lo ocurrido en las costas de Villa Clara.
Identidad de los detenidos y situación legal
Los hombres bajo custodia fueron identificados como Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sanchez González y Roberto Álvarez Ávila.
La Fiscalía asegura que el proceso se lleva a cabo respetando las garantías legales y que, una vez finalizadas las indagaciones, se tomarán las decisiones pertinentes según el Código Penal vigente.
Control de la investigación
La investigación está centrada en lo que el gobierno cubano define como un plan para desestabilizar las instituciones del país. La Fiscalía reiteró que su función será velar por el cumplimiento del debido proceso mientras se defiende la seguridad nacional. Por el momento, el caso se mantiene bajo estricta vigilancia de las autoridades de seguridad del Estado.
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