El pasado miércoles 20 de noviembre se produjo la primera manifestación en contra del gobierno de Javier Milei producto de las medidas económicas que buscan reducir la crisis financieras. De esta manera, el ejecutivo implementó un nuevo protocolo de seguridad que anunciaron días atrás.
El protocolo llamado antibloqueo de calles busca evitar que los manifestantes no alteren el derecho de los habitantes al libre tránsito, según una orden que emitió el Ministerio de Seguridad.
Luego de varias horas de protesta, la ministra Patricia Bullrich señaló que la jornada marcó el inicio de una nueva etapa y que todo transcurrió sin mayores inconvenientes.
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Las medidas del protocolo de seguridad
El protocolo “antipiquetes” que anunció Bullrich el pasado jueves 14 de diciembre penaliza el corte de calles como medida de protesta, así como el uso de elementos contundentes y la participación con el rostro cubierto.
Las sanciones están enmarcadas dentro del Código Penal, específicamente en el artículo 194 que indica una pena de tres meses y dos años a aquellos que incurran en una acción de este tipo.
Sin embargo, algunos especialistas en materia de derecho constitucional manifestaron que la normativa se contradice con lo argumentado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Movimientos de izquierda
Por otro lado, la mayoría de movimientos de izquierda anunciaron que el protocolo no se cumplió debido a que la marcha se llevó a cabo a pesar de la reticencia de las autoridades.
Asimismo, exigieron la renuncia de la ministra Patricia Bullrich por supuestamente atropellar los derechos consagrados en la Constitución.
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