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El gobierno de Nicolás Maduro no garantiza los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, tanto así que la impunidad se posiciona en los cuerpos de seguridad venezolanos al cometer "atrocidades, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales".
Así lo expresó Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor de los DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, con motivo de un nuevo aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos (DDHH) en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El Estado redujo a su mínima expresión los derechos humanos en Venezuela, la impunidad es el mejor aliado de los cuerpos de seguridad del Estado que cometen atrocidades, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzadas de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes y asesinatos en contra de los que expresan el descontento por medio de manifestaciones pacíficas.
Narváez señaló que el Ministerio Público, Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo son los verdaderos cómplices por no ejercer sus atribuciones establecidas en la Constitución sobre estos delitos.
“El acceso a la justicia desapareció, la violación del artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso, derecho a la defensa, juez natural y la presunción de inocencia no está garantizado” apuntó el coordinador de la defensa por los derechos civiles.
En cuanto a la liberación de los presos políticos ofrecida por el gobierno, señala que esto se convierte en una "oferta engañosa " impregnada de burla y desprecio a los familiares, señaló Narváez.
“Cuando hacemos un balance del derecho a la salud, la crisis sanitarias sigue dejando muertes principalmente en pacientes crónicos, el derecho alimentación despreciado por el estado y la hambruna ha generado un desplazamiento forzado de más de 5 millones de venezolanos a otros países. Libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo va muriendo lentamente. Los servicios básicos cada día van desapareciendo” denunció Narváez.
Por último, el exparlamentario cuestionó el desacato del Estado al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y las resoluciones emanadas de los organismos internacionales irrespetando los pactos y convenciones suscritos y ratificados por el estado en materia de los DDHH establecidos en la Constitución.
Con información de Nota de prensa.
2019-12-10
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