La agrupación patronal venezolana Fedecámaras presentó hoy un recurso para pedir la nulidad de la Ley de Costos, Precios y Ganancias Justas, que fue aprobada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro con el objetivo de contener la inflación galopante.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, presentó el recurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin de que se adoptan medidas cautelares que permitan que la ley no sea aplicada mientras se examina la petición legal.
Dijo que lejos de resolver los problemas de inflación y escasez que sufren los venezolanos, esta ley los acentuará.
Roig afirmó que la ley viola varios artículos de la Constitución, incluyendo uno que obliga a que los proyectos legales sean debatidos con todos los sectores del país.
La ley fue aprobada a comienzos de año por Maduro, quien posee poderes especiales para legislar por decreto, que le otorgó la Asamblea Nacional hasta octubre próximo.
Maduro aseguró que la legislación permitirá acabar con las acciones de los empresarios inescrupulosos que aumentan los precios y buscan ganancias exageradas.
La inflación en el último año se acerca a 60 por ciento, mientras que el desabastecimiento en los mercados ha llegado a niveles sin precedentes en el país.
Roig dijo que la intención del recurso es también proteger a los consumidores, que deben pasar horas en filas de los mercados para comprar sus alimentos.
"En este país no hay control de precios, hay una imposición de precios, pues hay productos sin cambio de precios en los últimos tres años", dijo a los periodistas.
Afirmó que la ley atenta contra la libertad económica y viola "flagrantemente aspectos establecidos en la Constitución, se violan libertades económicas".
"Más allá del aspecto legal es que no va a contribuir a resolver los problemas de inflación, desempleo y escasez. Aquí se suspenden derechos de los consumidores. Pedimos que se paralice esta ley, que de seguir van a continuar las filas en los mercados y el desabastecimiento", indicó.
Roig dijo que Fedecámaras está participando en una mesa de diálogo con el gobierno para atender los problemas económicos, pero recalcó que el gremio no podía dejar de insistir en el tema de la ley por los perjuicios que ocasiona.
Indicó que la ley obliga a fijar una estructura de costos a los productores de "manera arbitraria y con acciones punitivas que colocan a los empresarios como delincuentes si la incumplen".
Dijo que espera que en el diálogo con el gobierno se puedan detener y "suavizar" aspectos de la ley, ya que "mientras el TSJ no se pronuncie la ley estará vigente".
dpa