EFE
El Gobierno británico priorizó la contratación con empresas de material de protección para combatir la pandemia recomendadas por diputados y funcionarios, según un informe publicado este miércoles por el organismo regulador del gasto público del Parlamento.
La Oficina Nacional Auditora (NAO, por sus siglas en inglés) halló que casi 500 compañías suministradoras de equipos de protección individual (EPIs) con conexiones políticas fueron remitidas a un canal de "alta prioridad" a la hora de asignar contratos gubernamentales de bienes y servicios requeridos por la crisis.
Según el documento, las firmas que seguían ese procedimiento tenían diez veces más probabilidades de obtener uno de esos contratos.
El citado organismo consideró que el Gobierno dejó a un lado sus estándares de transparencia a la hora de asegurar los suministros y servicios necesarios –valorados en 18.000 millones de libras (19.966 millones de euros)– para luchar contra la pandemia.
La presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Públicos, la laborista Meg Hillier, dijo hoy que los errores destapados por la NAO podrían ser "la punta del iceberg", al tiempo que instó al Gobierno conservador a publicar toda la información relativa a esos contratos concedidos.
Según el informe, antes del pasado 31 de julio más de 8.600 contratos valorados en 18.000 millones de libras fueron adjudicados, de los que 10.500 millones de libras (11.637 millones de euros) no tuvieron que someterse a ningún proceso de selección.
La investigación dedujo que se estableció una vía "de alta prioridad" para aquellas compañías que eran "referidas por funcionarios, oficinas gubernamentales, diputados o cargos veteranos del servicio público de sanidad (NHS)".
Una de cada diez empresas que optaron a contratos de suministro a través de ese canal tuvieron éxito frente a una de cada cien en el caso de aquellas que lo intentaban por la vía "ordinaria".
Entre otros hallazgos, el regulador consideró que hubo "documentación inadecuada" en varios casos sobre gestión de riesgos, entre ellos los potenciales conflictos de intereses.
También remarcó que muchos de los contratos asignados no fueron publicados cuando correspondía.
"Al comienzo de la pandemia de la covid-19 en el Reino Unido, el Gobierno tuvo que procurar grandes volúmenes de bienes y servicios rápidamente mientras gestionaba los crecientes riesgos que esto podría entrañar", observa el responsable de la NAO, Gareth Davies, en el documento.
Al tiempo que reconoce que fueron "circunstancias excepcionales", considera que "sigue siendo esencial que las decisiones estén documentadas adecuadamente y sean transparentes si el Gobierno quiere mantener la confianza ciudadana en que el dinero de los contribuyentes se gasta de forma justa y apropiada".
El regulador reconoció que la pandemia requería de medidas de "extrema urgencia" y que las normas de contratos públicos permitieron una respuesta de urgencia, como la asignación de contratos de manera directa sin un concurso formal.
La NAO criticó asimismo la falta de un historial de datos en la citada vía de alta prioridad, en la que estuvieron involucrados 493 proveedores, de los que lograron acuerdos 47.
"El Gobierno pasó por alto un grave conflicto de intereses, pagó a consultores durante meses antes de asignarles contratos y adquirió mascarillas a sabiendas de que no tenían la talla adecuada", lamentó Hillier.
2020-11-18