En marzo, Ashley Light fue sorprendida al ver un mapa de Texas en Instagram que resaltaba su código postal, indicando que su vecindario en El Paso estaba bajo revisión del gobierno de Donald Trump.
Light, quien había heredado el negocio familiar Valuta Corporation, se enfrentó a una nueva normativa que exige a las casas de cambio informar al gobierno sobre transacciones de $200 o más, un cambio drástico del anterior umbral de $10,000, según un trabajo de New York Times.
Esta medida, parte de una estrategia para combatir a los cárteles mexicanos, ha generado preocupación entre los propietarios de negocios, quienes consideran que la regulación es abrumadora y perjudicial para sus comunidades.
Campaña de persecución
Los propietarios argumentan que son víctimas de una campaña de persecución que no aborda adecuadamente el blanqueo de dinero.
Varios jueces han cuestionado la legalidad de estas normas, sugiriendo que podrían causar daño económico a ciudadanos respetuosos de la ley.
Light ha afirmado que la carga administrativa ha llevado a la pérdida de clientes y a un aumento en su carga de trabajo.
La nueva política, que se centra en 30 códigos postales de Texas y California, ha sido criticada por su enfoque desproporcionado y por generar un "manto de sospechas" sobre las comunidades locales.
Las demandas presentadas por varias empresas buscan frenar la implementación de esta normativa, argumentando que los cárteles utilizan métodos más sofisticados para mover dinero ilícito.
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