El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) externaliza sus operaciones de localización mediante contratos masivos con compañías de inteligencia. Esta estrategia utiliza tecnología avanzada y vigilancia física para rastrear a personas con órdenes de expulsión en todo el territorio nacional.
El despliegue de estos servicios externos genera una fuerte controversia por el uso de fondos públicos para financiar actividades de rastreo privado, según una publicación en El Neverí.
¿Cómo funciona el sistema de rastreo digital y físico?
Este proceso combina el análisis de información en línea con tácticas de vigilancia directa en el terreno para dar con el paradero exacto de los individuos.
El programa aprovecha la experiencia de consultoras de inteligencia militar para procesar datos que las agencias gubernamentales no siempre gestionan con rapidez. Los especialistas monitorean redes sociales, registros crediticios y movimientos físicos para asegurar que los migrantes no evadan a las autoridades.
¿Cuáles son las empresas beneficiadas con estos contratos?
La lista de contratistas incluye a gigantes de la consultoría federal como Capgemini Government Solutions, firma que podría percibir más de 365 millones de dólares. Otra empresa destacada es Bluehawk LLC, un contratista histórico del Pentágono especializado en tareas de contrainteligencia.
Estas compañías reciben incentivos económicos directos por cada localización exitosa, lo que convierte el rastreo en un negocio de alta rentabilidad. El abanico de servicios abarca desde la recolección de información estratégica hasta la logística necesaria para el seguimiento físico de los objetivos.
ICE gasta millones de dólares contratando cazadores de migrantes de empresas privadas para perseguir a un universo de 1,5 millones de personas. Según documentos analizados, la agencia ya entregó más de un millón de dólares en pagos iniciales a diez firmas distintas.
El costo total de estas contrataciones podría superar los 1.000 millones de dólares para el año 2027, cuando finalicen los acuerdos actuales. Este programa de "cazarrecompensas" moderno busca agilizar las deportaciones mediante el uso de inteligencia privada que opera fuera de los marcos operativos tradicionales del personal federal.
¿Qué impacto tiene este programa en la comunidad migrante?
El enfoque en la identificación y seguimiento de personas dentro de Estados Unidos (EEUU) aumenta la presión sobre los hogares que enfrentan procesos de remoción. Los incentivos económicos fomentan que las empresas privadas actúen con agresividad para cumplir con las cuotas de localización establecidas en sus contratos.
Organizaciones civiles temen que el uso de estas herramientas de inteligencia militar en el ámbito civil vulnere los derechos de privacidad básicos. La capacidad de rastreo de estas firmas dificulta que las personas con órdenes de deportación puedan permanecer ocultas mientras resuelven su situación legal en las cortes.
¿Qué sucederá cuando los contratos alcancen su límite en 2027?
La tecnología de vigilancia evoluciona constantemente, lo que permite a los contratistas ofrecer resultados cada vez más precisos y rápidos a la agencia. Si usted conoce a alguien en esta situación, recomiende la búsqueda de asesoría legal profesional de inmediato para evaluar posibles defensas ante la detección inminente.
La inversión millonaria en estos "cazadores" privados demuestra que el ICE no escatimará recursos para localizar a quienes el sistema federal ya marcó para su salida del país.
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