Una organización delictiva que operaba bajo la fachada de una firma legal fue desarticulada en Nueva York tras descubrirse una compleja estafa migratoria. El grupo, que utilizaba el nombre "CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria", está acusado de organizar audiencias judiciales y entrevistas de asilo ficticias para sustraer dinero a personas que buscaban regularizar su situación en Estados Unidos. La operación, que se extendió por dos años, fue denunciada ante el Tribunal Federal de Brooklyn luego de que una de las víctimas detectara irregularidades en su proceso. la investigación ha identificado más de $100,000 en transacciones fraudulentas transmitidas por las víctimas a los acusados.
La Oficina de Responsabilidad Profesional, Oficina de Campo de Nueva York de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, declaró al respecto:
Los acusados facilitaron procedimientos migratorios simulados, incluyendo entrevistas de asilo y comparecencias judiciales, en los que las víctimas participaron por videoconferencia. En algunos de estos procedimientos ficticios, los acusados se hicieron pasar por jueces de inmigración, agentes de la CBP y el USCIS, y abogados de inmigración.
Montajes con togas y banderas oficiales
El esquema de fraude no se limitaba a la falsificación de documentos con sellos oficiales de agencias como USCIS. Según las investigaciones, los acusados realizaban videoconferencias donde simulaban ser jueces y agentes federales. Para dar veracidad al engaño, los implicados vestían togas y uniformes, además de colocar banderas estadounidenses y letreros del Departamento de Seguridad Nacional en el fondo de las transmisiones.
Un elemento clave para captar a las víctimas era el uso del idioma español en los supuestos procedimientos legales, una práctica inusual en las cortes migratorias reales de EE. UU., donde predomina el inglés con uso de intérpretes. A través de este método y la promoción en redes sociales como Facebook, la red lograba cobrar honorarios de miles de dólares por trámites que nunca fueron iniciados ante las autoridades competentes.
Capturas y medidas legales
Se detuvo a los siguientes implicados: Daniela Alejandra Sánchez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, Alexandra Patricia Sánchez Ramírez y Marlyn Yulitza Salazar Pineda. Cada acusado enfrentará hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.
Tres de los acusados fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban salir de territorio estadounidense hacia Colombia, mientras que una cuarta persona fue arrestada en Nueva Jersey. Actualmente, un quinto integrante del grupo permanece en calidad de prófugo de la justicia. Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios.
Tras captar posibles clientes, principalmente en Facebook, los acusados y sus cómplices cobraron a sus víctimas honorarios que oscilaban entre cientos y miles de dólares por servicios y asesoramiento legal inexistentes. Ninguno de los acusados ni sus cómplices identificados eran abogados colegiados o con licencia para ejercer la abogacía en ninguna jurisdicción de Estados Unidos.
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