Donald Trump comenzó a implementar un plan que busca multar a los inmigrantes que no abandonen Estados Unidos tras recibir una orden de deportación definitiva.
Según un alto funcionario del Gobierno, se han emitido avisos a 4,500 inmigrantes con sanciones que suman más de 500 millones de dólares según informa Telemundo.
Multas millonarias
Un caso notable es el de Wendy Ortiz, quien se sorprendió al recibir una multa de 1.8 millones de dólares por estar en el país sin documentos.
Ortiz, originaria de El Salvador, ha vivido en EEUU durante diez años y trabaja en una planta empacadora de carne, ganando apenas 13 dólares por hora, lo que la deja con pocas posibilidades de pagar tal cantidad.
Las multas, que oscilan desde miles de dólares hasta más de 1.8 millones, son parte de la estrategia de la administración Trump para forzar a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país voluntariamente.
Los destinatarios de las notificaciones tienen 30 días para impugnar las sanciones con pruebas.
Este plan incluye la imposición de multas diarias de 998 dólares durante un máximo de cinco años, lo que podría resultar en sanciones retroactivas.
Además, el Gobierno contempla la posibilidad de confiscar propiedades de aquellos que no puedan pagar las multas, aunque aún no se ha aclarado cómo se llevaría a cabo este proceso.
Logística de las multas
Las multas impuestas a inmigrantes indocumentados son emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, la gestión de estas sanciones y los posibles decomisos están a cargo de la Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
Según un funcionario anónimo, la CBP está trabajando en la logística necesaria para llevar a cabo las incautaciones. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha manifestado que los inmigrantes deben "autodeportarse" de inmediato.
Estas multas se basan en una ley de 1996, aplicada por primera vez en 2018, y afectan a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación.
Durante la administración Trump, se retiraron algunas multas contra inmigrantes que buscaban refugio en iglesias, aunque se continuaron aplicando sanciones menores.
Un caso notable es el de una mujer mexicana que ha vivido en EEUU por 25 años y recibió una multa de 1.8 millones de dólares, lo que dejó desconcertado a su abogado, Robert Scott.
La mujer, que no estaba al tanto de su orden de deportación desde 2013, ha intentado reabrir su caso. Scott cuestiona la decisión de multar a alguien que no se ha escondido y se pregunta si es un blanco fácil o simplemente una coincidencia.
Trabajar más para pagar las multas
Wendy Ortiz, quien cruzó la frontera en 2015, fue liberada para tramitar su solicitud de asilo tras ser considerada con un temor creíble de persecución. Sin embargo, nunca recibió notificación para asistir a su audiencia en la corte de inmigración, lo que resultó en una orden de deportación en 2018.
Su abogada solicitó alivio humanitario al Gobierno de EEUU en enero, argumentando que Ortiz enfrentaba peligros en El Salvador y que su hijo, con autismo, no tendría acceso a servicios adecuados.
Después de la toma de posesión de Trump, su abogada, Rosina Stambaugh, señaló que Ortiz está considerando apelar la multa que le fue impuesta. Lo haría destacando su situación familiar y la falta de antecedentes penales.
Además, otros inmigrantes también han recibido sanciones, incluyendo cónyuges de ciudadanos estadounidenses que intentan regularizar su estatus migratorio.
Otro caso es el de Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, cuyo esposo hondureño fue multado con 5,000 dólares. Él no pudo salir del país tras recibir una orden de salida voluntaria en 2018 debido a un diagnóstico de cáncer.
Rosa espera que se le condone la multa al explicar su situación, pero teme que, de no ser así, tendrá que trabajar horas extras para poder pagarla. Ella expresa su frustración ante las dificultades económicas que este proceso ha generado en su vida.
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