En un movimiento que refuerza su política de "Estados Unidos Primero", la administración del presidente Donald Trump ha presentado una propuesta formal para prohibir que personas sin ciudadanía estadounidense vivan en viviendas públicas que reciben subsidios del gobierno federal.
Este jueves, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) dio a conocer una norma que busca eliminar los beneficios para hogares de "estatus mixto".
El fin de los beneficios para hogares mixtos
Bajo las regulaciones actuales, las familias con estatus migratorio mixto, donde al menos un miembro es ciudadano o residente legal, pueden vivir en viviendas públicas, aunque el subsidio se prorratea para cubrir solo a los miembros elegibles.
Sin embargo, la nueva directriz del HUD exige que cada residente de una vivienda financiada por el gobierno demuestre su ciudadanía o estatus migratorio legal.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, los días en que extranjeros ilegales y personas no elegibles se aprovechan del sistema a costa de los contribuyentes han terminado", afirmó el secretario del HUD, Scott Turner, en un comunicado oficial distribuido por la agencia.
Turner subrayó que la medida busca garantizar que los recursos limitados de vivienda lleguen prioritariamente a los ciudadanos estadounidenses que llevan años en listas de espera.
El impacto social y los desalojos masivos generan una gran preocupación entre inmigrantes no ciudadanos
Organizaciones que defienden los derechos civiles y expertos en vivienda han expresado su alarma.
Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) estima que alrededor de 80.000 personas podrían perder su asistencia habitacional debido a este cambio.
De este grupo, cerca de 37.000 son niños que son ciudadanos estadounidenses pero viven con familiares que no lo son.
Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project, ha calificado la propuesta como "cruel e ilegal".
En declaraciones recogidas por Bloomberg Law y The Associated Press, Roller destacó que la administración está utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios de una crisis de vivienda mucho más profunda, con el objetivo de "infundir miedo y dificultades en las familias trabajadoras".
Puntos clave de la propuesta para excluir a no ciudadanos de los programas de viviendas públicas de Trump
Verificación rigurosa: Todos los miembros del hogar, sin importar su edad, deberán presentar pruebas de ciudadanía.
Reporte obligatorio: Las autoridades locales de vivienda tendrán que informar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre cualquier inquilino que no cumpla con los requisitos.
Cero tolerancia: El HUD ya no permitirá que se prorrateen los beneficios; si un miembro no es elegible, toda la familia deberá abandonar la unidad.
Contexto político y próximos pasos tras la propuesta de Trump
Esta medida no es nueva; un intento similar fue bloqueado durante el primer mandato de Trump debido a la pandemia de COVID-19 y luego fue revocado por la administración Biden.
Ahora, respaldada por la orden ejecutiva "Poner fin al subsidio del contribuyente a las fronteras abiertas", la norma pasará por un periodo de comentarios públicos antes de su implementación final.
Fuentes como NPR y Bloomberg indican que las ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes, como Nueva York y Los Ángeles, serán las más impactadas por esta regulación, que promete cambiar el acceso a la asistencia social en el país.
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