Las posiciones encontradas no se hicieron esperar tras la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar un paquete de normas que autoriza juzgar como adultos a adolescentes de 14 años acusados de delitos violentos en Washington D.C.
La medida, que reduce de 24 a 18 años el límite de edad para recibir sentencias juveniles reducidas, ha generado un intenso debate político y social en la capital.
El primer proyecto aprobado permite que menores de 14 años enfrenten el sistema penal de adultos en casos de delitos graves, como asesinatos o robos a mano armada, sin necesidad de una audiencia judicial previa. Hasta ahora, esta posibilidad solo se aplicaba a jóvenes de 16 años o más.
Endurecimiento de penas en línea con Trump
Paralelamente, la Cámara avaló la llamada Ley de Reformas Penales de Washington, que limita a los 18 años la edad máxima para acceder a la Ley de Rehabilitación Juvenil, eliminando la opción de que jóvenes de hasta 24 años reciban sentencias alternativas o más leves.
La aprobación responde a las recomendaciones del presidente Donald Trump y de la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro. Ambos han criticado lo que consideran excesiva indulgencia en el sistema juvenil.
Pirro calificó de “absurdas” las leyes que otorgan segundas oportunidades, mientras que Trump aseguró que los responsables de delitos violentos deben enfrentar castigos severos.
Críticas de demócratas y preocupación por impacto social
La bancada demócrata cuestionó duramente la medida. El representante Robert García denunció como “irresponsable” que un adolescente de 14 años sea procesado como adulto y recordó que la mayoría de los jóvenes detenidos en la capital son afroamericanos.
“Un joven de 14 años no es un adulto, son estudiantes de secundaria cuyos cerebros aún se desarrollan. Tratarlos como adultos es vergonzoso”, afirmó.
El Consejo Coordinador de Justicia Penal de Washington concluyó en 2022 que los jóvenes beneficiados por la Ley de Rehabilitación Juvenil reincidían menos que aquellos que no recibían esa oportunidad, un dato que los críticos sostienen contradice la nueva normativa.
Mientras tanto, Trump advirtió que podría declarar una “emergencia nacional” en Washington D.C. por el aumento de tensiones relacionadas con sus políticas de seguridad y migración.
La alcaldesa Muriel Bowser rechazó estas medidas y aseguró que la Policía local no colaborará con operativos federales encabezados por ICE.
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