El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, la institución educativa pública más grande tras la de Nueva York, inició el nuevo ciclo escolar considerando el creciente temor de familias inmigrantes ante los recientes operativos migratorios.
Como respuesta, se implementaron “zonas seguras” en más de 100 escuelas ubicadas en comunidades latinas y con alta presencia de población migrante.
¿Cómo identificar estas áreas?
Estas áreas están custodiadas por policías escolares y voluntarios comunitarios, quienes alertan y disuaden cualquier presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas alrededor de los planteles, citó El Diario NY.
Además, se ajustaron las rutas de autobús escolar con el propósito de garantizar trayectos más seguros hacia los centros educativos, minimizando probabilidades de encuentro con operativos federales. A estas medidas se suma una campaña informativa dirigida a padres y tutores, con charlas semanales sobre derechos legales y protocolos de protección.
El superintendente Alberto M. Carvalho, quien vivió en su juventud como inmigrante indocumentado, reafirmó que “los niños atemorizados no pueden aprender” y subrayó que LAUSD prohibirá cualquier intervención migratoria en un radio de dos cuadras alrededor de las escuelas, desde una hora antes del inicio de clases hasta una hora después de su conclusión.
Asimismo, la alcaldesa Karen Bass expresó su respaldo a esta iniciativa, solicitando públicamente el cese de redadas migratorias en zonas escolares y criticando su carácter discriminatorio.
¿Cómo surgen estas políticas?
Estas políticas de resguardo se inscriben en el marco legal establecido por la histórica decisión Plyler v. Doe (1982), que garantiza el derecho a la educación pública sin discriminación según el estatus migratorio.
En paralelo, otros distritos como Nueva York y Philadelphia han adoptado medidas similares, reforzando protocolos que demandan orden judicial para permitir cualquier ingreso de agentes federales a planteles y evitando compartir datos de estudiantes sin autorización legal.
El regreso a clases, marcado por el temor y la incertidumbre, encuentra en estas “zonas seguras” una respuesta concreta y humanitaria que busca fomentar la confianza y la normalidad entre estudiantes e familias vulnerables.
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