Un tribunal federal de Estados Unidos resolvió sobre una medida tributaria que afecta al sector de cruceros, en medio de demandas presentadas por asociaciones empresariales.
Estas entidades alegan que el gravamen impone cargas excesivas y podría generar impactos en la economía turística. La decisión judicial habilita la entrada en vigor de la ley pese a las oposiciones registradas.
La información fue sacada del portal web de CBS News, que detalla documentos judiciales, estimaciones oficiales y posiciones de las partes involucradas.
Fuentes adicionales como LA Times y ABC News confirman los argumentos sobre posibles violaciones constitucionales y efectos en el empleo local
Decisión judicial principal
La jueza federal Jill A. Otake rechazó el martes la solicitud de suspensión presentada por la Cruise Lines International Association (CLIA) y empresas como Honolulu Ship Supply Co., Kaua’i Kilohana Partners y Aloha Anuenue Tours LLC.
Esta ley, firmada en mayo de 2025 por el gobernador Josh Green, eleva tasas sobre hoteles y alquileres vacacionales, e impone un 11% sobre las tarifas brutas de boletos de cruceros, prorrateado por días en puertos. Los condados pueden agregar un 3% adicional, alcanzando el 14% total.
Posiciones de las partes
Jim McCarthy, portavoz de CLIA, declaró: “El turismo de cruceros genera cerca de 1.000 millones de dólares en impacto económico para Hawái y respalda miles de empleos locales. Seguiremos defendiendo el éxito de la industria sobre bases legales y sostenibles”.
La fiscal general estatal Anne Lopez respondió que la ley exige a operadores de cruceros pagar su parte del impuesto de alojamiento transitorio para enfrentar amenazas climáticas.
El gobierno federal intervino calificando el impuesto como un “exige que los operadores de cruceros paguen su parte del impuesto de alojamiento transitorio para atender las amenazas que el cambio climático representa para el estado”, en conflicto con leyes federales.
El gravamen aplica desde el 1 de enero de 2026 en Hawái a todos los pasajeros de cruceros que usen puertos locales, con las navieras responsables de recaudar y declarar ante el Departamento de Hacienda estatal.
Se estima una recaudación anual cercana a 100 millones de dólares para erosión costera, incendios forestales y daños ambientales. Se creará un consejo asesor para priorizar inversiones, con auditorías públicas anuales; los demandantes apelarán y solicitaron injunction pendiente, rechazada por Otake.
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