Un tribunal condenó este lunes al Estado colombiano a pagar una multa de 1.126 millones de pesos (cerca de 640.000 dólares) por las omisiones registradas en la prestación de seguridad de casi 300 familias que fueron desplazadas de sus fincas por paramilitares en febrero de 1996.
El Consejo de Estado, máxima instancia de la Justicia contenciosa administrativa de Colombia, ordenó entregar la millonaria suma a las víctimas del hecho, quienes fueron obligadas por el desmovilizado grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a abandonar sus viviendas en el departamento de Cesar (norte).
El desplazamiento ocurrió el 14 de febrero de 1996, cuando un grupo de 40 paramilitares forzaron a los campesinos a abandonar sus parcelas en un plazo de cinco días.
De acuerdo con las investigaciones, los miembros de las AUC "quemaron y destruyeron las viviendas, cultivos y animales de los jornaleros, que se habían asentado allí desde 1989″ sin que militares que estaban en una base cercana "adoptaran las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar".
El tribunal encontró responsables a los Ministerios del Interior y de Defensa, así como al Ejército y la Policía Nacional de las "fallas en la protección y vigilancia de los campesinos que allí habitaban", quienes aseguran denunciaron el hecho.
Según el texto, los organismos "contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región" y "a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva".
La sentencia señaló también que "las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, pues el grupo paramilitar además de haber hecho pública la amenaza de tomarse los predios que ocupaban los campesinos, atentó contra la vida e integridad de los mismos y, en todo momento, las familias desplazadas estuvieron informando". /DPA
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