Jesús M. Gambús | [email protected]
Como una bomba cayó en la región panamericana, la decisión de Luis Almagro, secretario general de la Organi- zación de Estados Americanos, de aplicar a Venezuela los postulados de la Carta Democrática.
“Se ha alterado el orden constitucional en Venezuela”, subrayó el funcionario al presentar un informe de 132 páginas, paso previo a la solicitud de una “convocatoria del Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”.
La iniciativa de Almagro llama a los 34 socios a tomar posición sobre el caso de Venezuela, sometida a una profunda crisis y la expone a una posible suspensión.
Ilegitimidad. “La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (…) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”, afirma Almagro.
El documento resalta, además, como elementos detonantes de la Carta Democrática, “la continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país, lo cual afecta el pleno goce de los derechos sociales de la población”.
Más adelante, el informe de Almagro subraya “la responsabilidad de la comunidad hemisférica de asumir el com- promiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”, concluye.
Procedimiento. Si la mayoría se expresa a favor de la alteración a la institucionalidad democrática, el Consejo podría aprobar varios tipos de medidas, entre las cuales estaría la posibilidad de gestiones democráticas, con el fin de que esta sea restablecida.
De no obtenerse los resultados esperados o de considerar que el caso es urgente, el Consejo está en la potestad de convocar a una Asamblea General extraordinaria, necesitando para esto, solo dos tercios de los votos por parte de los embajadores miembros.
Allí, se pueden retomar los intentos para las gestiones diplomáticas; la decisión de poder suspender la pertenencia del Estado venezolano en la OEA podría ser tomada por dos tercios de los diplomáticos si creen que se ha roto el orden democrático.
Milos Alcalay. Para el internacionalista Milos Alcalay, 18 países votarían por la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
No obstante, Alcalay estima que “el problema no es solo los votos, porque ya la iniciativa de la carta, implica que su informe sea un documento diplomático y podrían activarse los meca- nismos idóneos de prevención de conflicto, mediación y diálogo, para superar la crisis.
El dirigente añadió que los contactos de los parlamentarios venezolanos con el secretario general; los viajes del presidente de la Comisión de Política Exterior, y los llamados hechos por Mitzy Capriles, Lilian Tintori, y Miguel Henrique Otero, “en reclamo a la dictadura que hay en Venezuela, dieron fuerza a la petición de la oposición.
Ante la posibilidad de que el país se retire de la OEA, el exembajador considera que sería un grave error, puesto que quedaría marginado de una serie de mecanismos existentes en materia de cooperación económica, integración, y también, esta acción demostraría que Venezuela es un país que no cumple con los acuerdos internacionales y perdería credibilidad internacional.
Unasur. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper aboga porque “lo fundamental” en Venezuela sea la continuidad democrática, la paz social, la recuperación de la economía y la reconciliación de los venezolanos.
“El diálogo en Venezuela no es una concesión sino una obligación del Gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental”, escribió a través de su cuenta de Twitter.
Apoyo de expresidentes. El grupo de exmandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) expresaron su “respaldo” a la decisión del secretario general de la OEA Luis Almagro, de activar la Carta Democrática para Venezuela.
En la declaración de apoyo a Almagro, los exjefes de Estado que forman Idea exigen al Gobierno venezolano la “liberación de los presos políticos y la garantía del derecho del pueblo a su participación democrática mediante referendos”.
Injerencista. La activación de la Carta Democrática para Venezuela fue calificada como “injerencista” por parte de la embajadora de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), María Rubiales.
“Es una posición total y completamente injerencista”, dijo a periodistas en Managua.
2016-05-31