EFE
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, expresó este viernes su "especial preocupación" por las condiciones de detención de las mujeres privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas en Nicaragua, que se iniciaron en abril pasado.
Esas detenciones se caracterizarían por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y consistirían principalmente en condiciones de insalubridad, negligente atención médica, obstaculización para la realización de visitas, la aplicación de regímenes de máxima seguridad sin criterios objetivos y violaciones a su privacidad e intimidad, advirtió la presidenta de la CIDH en una nota de prensa fechada en Managua.
Según información recibida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), las mujeres con condiciones de salud crítica no estarían recibiendo atención médica adecuada y oportuna, entre ellas, Brenda Muñoz Martínez.
En el caso de las mujeres trans, estas estarían siendo privadas de libertad en el centro de detención para hombres, agregó.
Por tanto, la presidenta de la CIDH reiteró la obligación del Estado de garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado, y a iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por todos los medios legales disponibles.
Asimismo, observó que después de su visita por Nicaragua, que fue del 25 al 27 de octubre, la CIDH tomó conocimiento de "severas agresiones" cometidas el 26 de octubre contra varias mujeres detenidas en la cárcel "La Esperanza" perpetradas presuntamente por agentes del Estado.
"Según la información recibida, la agresión habría ocurrido la noche del viernes 26 de octubre cuando, tras cortar la energía eléctrica de las instalaciones, un grupo de custodios presuntamente encapuchados ingresaron a las celdas y golpearon a un grupo de mujeres que se manifestó en rechazo al traslado de una de sus compañeras", relató la CIDH.
Al menos 16 mujeres habrían resultado heridas como consecuencia de la agresión, continuó.
Al respecto, la CIDH instó a las autoridades de Nicaragua a investigar esos hechos de violencia así como a aplicar las sanciones judiciales y administrativas que correspondan.
Por su parte, la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, recordó al Estado que "su obligación es velar por la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad" y lamentó "que las autoridades estatales no permitieran al Meseni ingresar al penal para conocer el estado de salud de las mujeres detenidas".
La presidenta de la CIDH dijo que están "abiertos a dialogar con el Gobierno de Nicaragua" en cualquier momento y recordó que la apertura al escrutinio internacional es una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de derecho en la sociedad.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
2018-11-16
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