El traslado de un grupo de nueve oficiales condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena desde el lujoso Penal Cordillera a la cárcel de Punta Peuco comenzó poco antes de la medianoche de este sábado.
El cierre del penal Codillera, decidido por el presidente Sebastián Piñera el pasado jueves, se ha llevado a cabo a pesar del suicido esta madrugada del exjefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Odlanier Mena, que era uno de los reos afectados por el traslado.
El cambio de los reos del Penal Cordillera, situado en el municipio santiaguino de Peñalolén, dentro de las instalaciones del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, a la cárcel de Punta Peuco, a 35 kilómetros al norte de la capital chilena, se debió -entre otras razones- al malestar social causado por las privilegiadas condiciones en que vivían.
Con esta medida, los principales represores de la dictadura militar de Augusto Pinochet quedan concentrados en una misma cárcel, el centro penitenciario de Punta Peuco, que fue construido en 1995 a estos efectos y donde hasta hoy había 44 antiguos agentes represores, que eran custodiados por 66 gendarmes.
La operación, según pudo comprobar Efe, comenzó poco antes de la medianoche del sábado (03:00 GMT), cuando dos furgones de Gendarmería de Chile (funcionarios de prisiones) entraron en el Penal Cordillera y poco después salieron con un primer grupo de reclusos.
Posteriormente llegaron tres vehículos más, entre los ellos, un pequeño microbús, en el que fueron traslados los demás presos.
Fuerzas antidisturbios de Carabineros emplearon carros lanzaaguas para contener al medio centenar de manifestantes que lanzó piedras al paso de ambas caravanas.
Horas antes, el presidente Piñera había asegurado que mantenía en firme la decisión de cerrar el Penal Cordillera, un recinto en el que los presos gozaban de unas condiciones de reclusión que nada tienen que ver con las que soporta el resto de la población penitenciaria en Chile.
El traslado de los internos, dijo, seguiría adelante a pesar del suicido en la madrugada de este sábado del general retirado Odlanier Mena, uno de los condenados por violaciones a los derechos humanos recluido en ese lugar.
"La decisión tomada, a pesar de este trágico fallecimiento, no se va a ver alterada y se va a implementar en el momento oportuno", manifestó el mandatario en una breve declaración pública realizada en el palacio de La Moneda.
El exjefe de la CNI, el organismo represor que sucedió a la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) creada tras el golpe de Estado de Augusto Pincohet, se quitó la vida en su domicilio particular, donde se encontraba disfrutando de un permiso de salida los fines de semana.
El exjefe de la CNI, condenado en 2008 a seis años de prisión, era el único interno del Penal Cordillera con permiso para pasar los fines de semana en su casa.
Según su abogado, Jorge Balmaceda, Mena se mató porque "estaba terriblemente afectado por el traslado", ya que "se encontraba en una situación de salud muy delicada, necesitaba auxilio de oxígeno" y creía que en Punta Peuco, su nueva prisión, "no iba a tener la atención médica que necesitaba".
El suicidio de Mena fue manejado por los abogados que defienden a los represores de la dictadura encarcelados hasta en el Penal Cordillera como un hecho que debía obligar al Gobierno a dar marcha atrás. /EFE
Sábado 28/9/2013