Centenares de veteranos de la guerra de la fuerza armada de El Salvador bloquearon carreteras y varios pasos fronterizos terrestres, mientras otros marcharon el miércoles por las principales calles de la capital, registrándose un enfrentamiento con la policía que usó bombas lacrimógenas en las carreteras panamericana y la troncal del norte.
Los ex combatientes llegaron en la capital hasta la Asamblea Legislativa donde exigieron la aprobación de una ley que les garantice el pago de una indemnización, pensiones y otras prestaciones.
Los veteranos de guerra y sus familiares, que se concentraron en las principales carreteras del país, exigen que el gobierno del presidente Mauricio Funes les entregue una indemnización de 5.000 dólares para unas 35.000 personas y también una pensión mensual de 350 dólares, entre otros beneficios.
Algunos vestidos con ropas militares, cerraron el paso en la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán, a unos 30 kilómetros al este de la capital, afectando el tráfico de los automóviles. En ese lugar, la unidad de choque de la policía los desalojó con gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y palos.
Mientras tanto centenares de ex combatientes, armados con machetes, palos y piedras, que habían cerrado el paso en la carretera troncal del norte, se enfrentaron con los efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), con el saldo de cuatro policías heridos con esquirlas de granadas fragmentarias.
La oficina de prensa de la Policía Nacional Civil informó a la AP que en los disturbios cuatro policías resultaron con heridas provocadas por esquirlas de granadas y uno de los manifestantes identificado como Jesús Martínez de 68 años, fue trasladado a un hospital con una herida que el mismo se habría provocado con el machete al caer en la cuneta de la calle.
La policía capturó a 45 personas por haber participado en los disturbios y decomisó un arma de fuego de cañón corto, así como varias armas blancas (machetes).
"Estamos aquí para exigirle al señor presidente (Mauricio Funes) esa indemnización que ya tenemos dos años de estarla peleando y hasta la fecha no hemos tenido respuesta positiva", dijo a la AP el dirigente de los veteranos Julio Aguilar mientras más de un centenar de sus compañeros se concentraban en San Salvador para marchar hasta la Asamblea Legislativa.
Al conocer que sus compañeros se habían enfrentado a la policía en la carretera Panamericana, Aguilar advirtió que "los veteranos estamos preparados para defendernos con los que tengamos, si hay heridos o fallecidos será responsabilidad del presidente de la República".
El dirigente confirmó que han bloqueado las carreteras de acceso a las fronteras de La Hachadura, Las Chinamas, Anguiatu y El Poy, y advirtió que "estamos preparados para mantener la medida de presión por tres días".
Aguilar dijo como primera medida exigen reunirse con el presidente Funes con quien esperan negociar sus demandas, de lo contrario extenderán las protestas para hasta cerrar las vías hacia las fronteras terrestres y al aeropuerto internacional.
Expresó que ellos ya han flexibilizado sus demandas iniciales para darle oportunidad al gobierno y recordó que "estábamos (inicialmente) exigiendo una indemnización de 10.000 dólares y una pensión de 700 dólares, pero las hemos bajado a 5.000 y 350″.
El diputado Sigifredo Ochoa Pérez, que salió del edificio legislativo para hablar con los ex combatientes, informó que éstos presentaron una carta en la que piden la aprobación de la ley de veteranos y adelantó que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se comprometió a recibir en los próximos días a una delegación de los veteranos.
Los veteranos criticaron al gobierno por solo beneficiar a los combatientes de la ex organización guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando fuera a miles de ex combatientes de las fuerza armadas.
Tras la firma de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de la guerra civil en este país, la ONU registró unos 15.000 desmovilizados del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero luego se alegó que no todos fueron censados. Más de 75.000 personas murieron en el conflicto y otras 12.000 desaparecieron.
Tras la desmovilización los ex guerrilleros censados recibieron tierras y ayuda de capacitación de parte del gobierno, pero posteriormente pidieron que los beneficios se extendieran a los familiares de sus compañeros caídos y a los que no fueron incluidos en la nómina registrada por la ONU. /AP