Una nueva ley establece sanciones directas y efectivas en contra de ciertos inquilinos en el estado de Florida, descubra de qué se trata y cómo pueden ser desalojados.
Desde este mes entró en vigor una medida, impulsada por el propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, que protege el derecho de los propietarios de viviendas.
La misma, ha surgido para que las autoridades puedan intervenir eficazmente en situaciones que afectan a la propiedad y la seguridad de los ciudadanos, a través de una acción rápida y decisiva.
La ley HB621 está diseñada para agilizar ciertos procesos legales y reducir las disputas prolongadas, estableciendo un precedente en la protección de derechos en todo el país.
Se trata de una legislación que exige incluso exige que se lleven a cabo detenciones inmediatas de “inquilinos” en ciertos casos específicos.
¿Qué “inquilinos” pueden ser desalojados?
La HB621 establece que los propietarios pueden solicitar la intervención del sheriff para desalojar a ocupantes ilegales bajo ciertas condiciones específicas:
- El ocupante debe haber ingresado sin permiso.
- Debe haber sido notificado por el propietario para abandonar el lugar sin cumplir con dicha orden.
- No debe ser un inquilino actual o anterior en una disputa legal.
Se debe tomar en cuenta que, si una persona es desalojada injustamente, la ley permite demandar al propietario por el triple del alquiler justo de mercado.
Además de daños, costos y honorarios legales, garantizando así la protección de los derechos de los ocupantes contra desalojos arbitrarios.
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¿Qué debe hacer el propietario para solicitar esta medida?
Para iniciar el proceso, el propietario debe presentar una denuncia bajo juramento, especificando los hechos que justifican la solicitud de desalojo.
Una vez verificada la validez de la denuncia, el sheriff procederá con el desalojo inmediato del ocupante.
Además de los desalojos, la nueva legislación impone sanciones severas para quienes infrinjan sus disposiciones.
Aquellos que presenten documentos falsos, como contratos de arrendamiento o escrituras fraudulentas, enfrentarán detenciones y consecuencias penales.
La HB621 prohíbe la ocupación ilegal intencional de una vivienda residencial y establece sanciones para los responsables de daños a la propiedad.
El propietario que solicite la intervención del sheriff deberá cubrir ciertos costos, incluyendo la tarifa civil de desalojo.
Además, se requiere un pago adicional por hora si se requiere la presencia de un agente para mantener la paz durante el proceso.
Con información de Directorio Cubano
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